Civilidad

CIVILIDAD es la cualidad de la persona que tiene conciencia y responsabilidad de ciudadano libre, es decir, sentirse miembro de una comunidad, partícipe y solidario de sus principios y valores, por la que es preciso sacrificar los intereses y gustos personales para hacer posibles el bienestar, la libertad y la subsistencia del común. Es una condición que se echa en falta cada vez más.

Comprendo que a uno le desazone haber sido estafado; no comprendo, en cambio, que pretenda resarcirse de la estafa a costa del erario público, es decir, a costa de sus conciudadanos. Es el caso de las víctimas de Afinsa. Decidieron unas inversiones que consideraron un momio, jugaron a obtener intereses mucho más beneficiosos que los normales y les ha salido mal. ¿De qué se quejan? ¿Qué culpa tenemos los demás de su desacierto? Cuando alguien invierte en Bolsa y pierde, ¿reclama al Gobierno que le indemnice? Sería un desatino. Las víctimas de Afinsa vienen pretendiendo que el fisco les resarza de su inversión. Y esto es un despropósito mayúsculo; una absoluta falta de civilidad.

Estamos en un mal momento económico. Es cierto que deben enfrentarlo en primera línea los causantes del entuerto: los que manejan los hilos de las finanzas y han hecho con ellas tirabuzones demenciales y saltos mortales sin red abusando de fondos ajenos. Quisiera ciertamente que la autoridad se pusiera seriamente manos a la obra para fiscalizar y encauzar eficazmente estas alegrías.

Es indudable que al mal momento debemos hacer frente todos. También que deben aportar más quienes más ingresan. Ahora bien, no nos engañemos. Un Estado moderno no surte principalmente su erario de las grandes fortunas, sino de los grandes números, es decir, de la masa de ciudadanos de a pie, que en un Estado moderno formamos fundamentalmente las clases medias. Sin prescindir de hacer pagar más a los titulares de grandes ingresos, la respuesta realista a la crisis está en las aportaciones de la ciudadanía de a pie, muchísimo menores, pero inmensamente mayores en número.

Dentro de esa ciudadanía corriente están, entre otros, la mayoría de los funcionarios. En un país que dispone de empresas industriales, en número y en tamaño reducidos, es difícil dar trabajo a todos los ciudadanos. Esta dificultad se traduce en una amenaza de paro constante. La Administración ha sido uno de los colchones que ha hecho y hace frente a esa carencia. Por ello, tenemos, sin duda, muchos más funcionarios de los necesarios. No es cuestión de poner en la calle a los excedentes. Así fracasaría esa función antiparo. Pero la seguridad del puesto convierte, evidentemente, al funcionario en un trabajador privilegiado.

El funcionario es enormemente privilegiado a pesar del derecho al trabajo. Además, les subieron un 5% el sueldo con un IPC por debajo de la unidad. ¿De qué se quejan ahora si se lo reducen en la misma proporción? Tienen derecho a quejarse de la conducta errática del Gobierno porque lo sensato hubiera sido que en su día no se hubiera producido aquella subida remuneratoria, pero no están legitimados para organizar ahora una tremolina, aun cuando su pataleo sea irrelevante.

El tema de los trabajadores es otra de las monsergas demagógicas que airean sin cesar los sindicatos. Naturalmente que las medidas anticrisis han de afectar a los trabajadores. ¿A quién si no, siendo trabajadores la inmensa mayoría de los ciudadanos? ¿Quién va a colaborar en la solución de la crisis y quién va a sufrir sus consecuencias si no somos los trabajadores? ¿O es que hay algún sector de ciudadanos más numeroso y significado que el de los trabajadores? ¿Dónde están las sufridas clases medias si no es precisa y fundamentalmente en el conglomerado de los trabajadores? ¿A qué vienen pues los aspavientos sindicales, patronales y gubernamentales, y los teatros de reuniones interminables en días y horas? ¿Y a qué viene hablar de huelga general? A la ciudadanía no nos afecta directamente en casi nada y, si se pretende que afecte a los empresarios y al Gobierno, equivale a darse de puñadas en el propio rostro, porque debilitar a las empresas o al Gobierno en esta coyuntura no favorece obviamente al país, ni, por tanto, a los huelguistas.

Otra tecla deformada demagógicamente es la de las pensiones. Hubiera sido injusto y muy triste reducir el importe de los ingresos de la mayoría de los pensionistas, ya que son más bien precarios; frecuentemente muy precarios. Pero decir que el próximo año no se revalorizan las pensiones no es a priori reducir nada. Me dirán que será pérdida del poder adquisitivo. Es posible que sí y es posible que no. Depende del curso del IPC: si el índice varía a la baja, o no varía o varía imperceptiblemente, no habrá obviamente pérdida alguna o pérdida apreciable de poder adquisitivo. En tiempos de crisis, según se dice tan aguda y tan grave, lo previsible es que el IPC no se suba a la parra. En todo caso, lamentarse antes de conocer el dato es prematuro. Y decir que se han rebajado las pensiones es simplemente mentir.

Cuando vienen mal dadas, tenemos que pensar mucho más en lo colectivo que en lo individual y reducir los desahogos al mínimo. Entre otras cosas, porque como dice el Libro de Apolonio, non se deuié el omne por pérdida quexar, ca nunq(u)a por su quexa lo puede recobrar.