Los ayuntamientos acusan a Zabaleta de no cumplir su promesa sobre ayudas sociales

Bilbao. "No dejaremos solos a los ayuntamientos en la cobertura de las ayudas de emergencia social (AES)". Estas palabras, difundidas a principios de año por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, escenificaron un soplo de aire fresco para las arcas de los consistorios que, de este modo, veían reconfortado su deseo de no tener que rechazar las solicitudes de ayuda de sus vecinos ante la falta de recursos. Sin embargo, la realidad con la que se encuentran la mayoría de los ayuntamientos dista sensiblemente de la promesa de la consejera de realizar un "estrecho seguimiento" a las ayudas de emergencia que cubren los municipios vascos.

En lo que va de curso, el 70% de los ayuntamientos ha destinado una partida económica mayor de la presupuestada por el Gobierno Vasco a ayudas de emergencia para los primeros tres meses del año. Municipios como Errenteria, Azpeitia, Beasain o Arrasate han duplicado en un trimestre lo presupuestado por Lakua para los tres primeros meses del año.

La situación de falta de recursos se acrecienta en localidades como Pasaia, Oiartzun o la Mancomunidad de Bideberri -que abarca los municipios de Antzuola, Elgeta y Leintz Gatzaga-, entre otros, que ya han agotado todo el presupuesto disponible para 2010 sin que la consejería de Asuntos Sociales haya movido ficha para proteger, tal y como se comprometió, a los ayuntamientos cuyas ayudas de emergencia social se estén debilitando.

Esta situación de desamparo en la que se encuentra actualmente el 5% de los consistorios, todos ellos guipuzcoanos, se agrava día tras día, ya que, al no contar con un incremento en las subvenciones financiadas con el dinero del Ejecutivo vasco, las corporaciones locales se ven obligadas a destinar las ayudas del propio ayuntamiento, mermando por partida doble las ya de por sí maltrechas arcas municipales. De esta manera, los 17,3 millones de euros destinados a las AES en 2010 parecen no ajustarse a las necesidades reales que demandan los municipios, por lo que Lakua deberá aprobar más fondos este ejercicio.

La pelota, tal y como denuncian los ayuntamientos, parece estar en el tejado de la consejería de Asuntos Sociales, y la pregunta ahora es saber cuál va a ser la fórmula escogida para, en el caso de que estimen realizar la corrección al alza, incrementar la partida de las AES.

Una de las opciones que baraja Lakua para cuadrar números es la de modificar el complemento de alquiler -que este año ha sido dotado con un presupuesto que ronda los 42,1 millones-, siempre y cuando no sea necesario emplear íntegramente la partida destinada. En cualquier caso, los ayuntamientos abogan por que esta redistribución de los presupuestos se materialice a la mayor brevedad posible, puesto que la actual coyuntura económica no sólo ha reducido la recaudación de los municipios, sino que, además, ha aumentado considerablemente la demanda de estas prestaciones. Sólo en 2008, el número de perceptores alcanzó en la CAV las 27.300 personas mientras que el pasado año, la cifra de ayudas de emergencia social ascendió hasta las 38.000 personas.