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Mikel Mazkiaran, abogado de Heldu en Gipuzkoa, se muestra preocupado por el futuro de las personas que habían depositado su confianza en este servicio. Subraya la "urgencia" con la que se han hecho las cosas y opina que lo propuesto por Lakua no ofrece las mismas garantías
C. Tapia - Martes, 13 de Julio de 2010 - Actualizado a las 04:28h
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El letrado de Heldu en Gipuzkoa, Mikel Mazkiaran. (Gorka Estrada)
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Donostia. ¿Qué le parecen las medidas que ha anunciado la Consejería de Asuntos Sociales?
Las medidas que se adoptan son medidas de urgencia ante una situación provocada por la decisión de la consejería de un cierre precipitado. Heldu es un servicio que mueve miles de expedientes y su cierre sin causar perjuicios sólo podía haberse hecho a través de un plan ordenado. Esto no ha ocurrido y la consejería ha tenido como referencia el cese de la concesión administrativa de la empresa que gestiona el servicio. Según hemos entendido en la rueda de prensa de hoy (por ayer), se habilitará un número de teléfono para poder solicitar cita previa y una dirección de correo. Son, desde luego, medidas insuficientes para seguir atendiendo el servicio, al menos, con las mismas garantías con las que se ha prestado hasta ahora.
¿Un parche?
Es un parche. Es una solución urgente para un cierre que se va a realizar de manera desordenada por no haber calculado las consecuencias que tiene cerrar un servicio que mueve miles de expedientes. No se puede cerrar en cuatro días. La supresión del servicio es un paso atrás en la política pública de integración de las personas inmigrantes. El interés de Heldu estaba en la apuesta de una administración por institucionalizar la primera acogida de las personas inmigrantes a través de un servicio especializado. Y pierde la sociedad en su conjunto.
La consejera Gemma Zabaleta argumenta que Heldu no tiene "acomodo" en la Ley de Servicios Sociales...
Éste era un argumento que ya conocíamos. La ley de Servicios Sociales no incluye este servicio, pero tampoco incluye ninguno otro porque es una ley que queda para su desarrollo en posteriores decretos. Es, cuando menos, una cuestión interpretativa y de voluntad política.
Dice también que "resultaba desaconsejable la renovación del contrato" a la empresa adjudicataria.
La consejera ha dicho que el contrato no podía prorrogarse porque no encajaba en los estándares de contratación. Ante esto tenemos que decir que la empresa que gestiona este servicio es una empresa adjudicataria de una concesión administrativa, por lo que el Gobierno Vasco podía haber sacado a concurso la adjudicación del servicio y podía haber sido ésa u otra empresa la ganadora. No entendemos cuál es el sentido último de esta afirmación.
¿Y qué pasará?
Es un poco prematuro saber cómo va a quedar configurado esto. Por las reuniones que hemos tenido, entendemos que lo que no encaja es la atención directa a través de un servicio público. Entienden que esa atención directa ya la prestan las organizaciones; pero las organizaciones no gubernamentales son un complemento, no un sustitutivo. No sabemos si este servicio continuará de manera más normalizada a través de las organizaciones, hoy (ayer) no se ha aclarado. Las ONG han coexistido pacíficamente y en términos de complementariedad en estos años de funcionamiento de Heldu. Se han creado unas sinergias muy interesantes y todo eso se pierde con la supresión del servicio.
¿Será peor?
No se van a prestar con las mismas garantías con las que se estaban llevando a cabo hasta ahora. Ninguna organización tiene los medios materiales que tenía este servicio.
¿Qué ocurrirá con los trabajadores?
Desde la consejería nos han transmitido la voluntad de facilitar la colocación de las 23 personas que trabajamos aquí, pero no hay nada concreto.
Gracias por su comentario
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