Déficit público y fraude fiscal

los malos empresarios y sus correspondientes malos asesores; especialistas que tienen el mal hábito de pontificar y dogmatizar cuestiones discutibles y sujetas, por definición, a variedad de alternativas. En cuanto se presenta una situación adversa para la empresa en cuestión, lo primero que se les ocurre es reducir la plantilla, despedir a trabajadores. Y esa no es, ni debe ser, la solución. La solución suele ser mucho más compleja si se quiere afrontar el futuro con éxito.

Es necesario analizar en profundidad las causas y atajarlas adecuadamente. No es necesario ni procedente tocar un bien, en si mismo, insustituible: los trabajadores. Estos, conviene recordar, no son cosas que se quitan y se ponen; son personas con las que hay que contar, necesariamente, para cuestiones que les afecta directamente. Pues bien, Zapatero está actuando como los malos empresarios con sus correspondientes malos asesores y asistentes ministeriales.

La UE lo único que puede exigir a un gobierno miembro es que tome medidas para reducir el déficit público. No le puede ni debe marcar las medidas a tomar para conseguirlo. En cada Estado miembro, la situación y las circunstancias son diferentes. Pero con la España cañí de Zapatero sí lo hace, porque España no tiene, ni ha tenido en los últimos 70 años, ningún prestigio. Las medidas de Zapatero son tan simples, que basta una calculadora de bolsillo que tenga las cuatro reglas y el porcentaje. El resultado es desastroso para los afectados directamente y no resuelve de forma sostenible los problemas de fondo. Debería estar prohibido bajar los salarios, en este caso la de los trabajadores de la Administración pública, y congelar las pensiones. Otra cosa muy distinta es replantearse la estructura y organización de la administración pública para reducir costes y mejorar, continuamente, su eficacia funcional. Esto sería y es lo razonable y lógico en cualquier organización, máxime de semejante envergadura. Obvio.

Por otra parte, reducir la inversión pública, es justamente lo contrario de lo que debe impulsar cualquier gobierno en momentos de contracción de la actividad económica del ámbito privado. La inversión pública es fundamental para dinamizar la actividad económica, con la cual, se reduce el paro y aumenta la recaudación fiscal. Ahora mismo, objetivos básicos.

Pero resulta que en España existen enormes posibilidades de reducir el déficit público (11,2%) sin tocar las cuestiones señaladas en el apartado anterior. Las carencias estructurales y dimensionales en diversas áreas de la administración del Estado, permiten ahorrar cantidades inmensas de gastos y aumentar considerablemente los ingresos. Para aumentar los ingresos está muy bien que se revisen, al alza, las rentas más altas. Pero es muchísimo más importante afrontar, decidida y enérgicamente, el fraude fiscal. Confrontando muchos datos, se estima que en España el fraude es de entre el 22% y el 25% del PIB, el doble que la media europea. Esto supone del orden 240.000 millones de euros. Suponiendo que España alcanzara la media europea, se recaudaría del orden de 120.000 millones de euros más. Con lo cual, de una manera razonable y justa podría reducirse el déficit público a menos del 3% que exige la UE, y, además, se podría inyectar importantes cantidades a la inversión pública y a prestaciones sociales, ambas tan necesarias en estos momentos. Para lograr este objetivo, solamente hace falta voluntad política y democrática para adoptar las medidas necesarias y urgentes. Las medidas más elementales serían: a) Dotar de medios personales y materiales suficientes a la red de inspección fiscal. b) Permitir e impulsar desde el gobierno de Zapatero, para que los técnicos e inspectores de Hacienda puedan actuar con criterios técnicos, exclusivamente, para prevenir, detectar y resolver los fraudes fiscales. c) Actualizar y adecuar la normativa correspondiente, para poder actuar con rapidez, eficacia y resolución efectiva.

A este respecto, considero de interés destacar algunos datos.

1- El 86% de los que tienen fortunas con más de diez millones de euros, evaden sus obligaciones fiscales.

2- El 18% de los que tienen entre medio millón y un millón de euros, defrauda actualmente a la Hacienda pública.

3- El 45 % de los que tienen entre uno y diez millones de euros elude el fisco.

4- Las mayores bolsas de evasión fiscal es en capital mobiliario (acciones) e inmuebles, que vienen a representar actualmente el 93% de todos los bienes y derechos declarados.

5- Según la banca privada, existen en España unos 400.000 ciudadanos con más de 300.000 euros invertidos en activos financieros.

6- La economía sumergida representa el 23% del PIB (en Alemania representa el 6% del PIB).

7- Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) afirma que en España se podría recaudar unos 21.000 millones de euros anuales, si se autorizase a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda el control e inspección de las declaraciones de la renta de estas grandes fortunas. (¿Existen trabas desde arriba?…)

Teniendo en cuenta este enorme agujero, ¿por qué casi nadie habla de ello? A la vista de los datos apuntados, está claro: Zapatero y su gobierno del PSOE ataca, en primera instancia, derechos sociales básicos, lo que tendría que ser sólo en caso de emergencia agotados todos los demás recursos, en lugar de afrontar decididamente este flanco, el fraude fiscal, que generaría enormes y suficientes recursos para afrontar la situación actual. Además, está pendiente la reestructuración de la Administración pública del Estado, que tendría que conducir a una reducción drástica de los gastos. (Volveremos sobre esta cuestión). Desgraciadamente, la gestión desastrosa y ultraconservadora de Zapatero y su gobierno nos afecta a todos, también a la ciudadanía vasca.