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A cambio de mantener el término "nación", el TC incorpora ocho veces la referencia a la "indisolubilidad de la unidad de la Nación" en la sentencia del Estatut para lograr el consenso con el que recortar esta norma
Martes, 29 de Junio de 2010 - Actualizado a las 07:37h
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FINALMENTE, ha sido la preocupación de contentar a un magistrado clave para los equilibrios internos del Tribunal Constitucional como es el progresista Manuel Aragón, y no otra, la razón por la que la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, introdujo en su ponencia sobre el Estatut de Catalunya los cambios necesarios para poder ser aprobado y salir del atolladero legal en el que estaba. Nuevamente, el Estado español ha dejado en evidencia su incapacidad para asumir la diversidad política a institucional puesta a prueba, en este caso, por una autonomía como la catalana que, de forma impecable, había gestionado su demanda de mayores cotas de autogobierno desde el acuerdo, el consenso, el diálogo y la voluntad de pacto con Madrid. No en vano, todos los procedimientos habían sido escrupulosamente cumplidos en la elaboración del nuevo Estatut: tramitación parlamentaria, referéndum y aprobación de las Cortes. Cinco años después de que la nueva norma quedara aprobada por el Parlament, cuatro desde que el PP presentara el recurso, y tras siete borradores, el TC ha terminado declarando incostitucionales 15 capítulos, centrando sus preocupaciones en torno a la supuesta ilegalidad en la manera en la que el pueblo catalán percibe su propia identidad; en el simbólico y nada desdeñable término de nación. No es nada casual que el alto tribunal haya dado por bueno el término -lo considera jurídicamente no vinculante- porque por contentar precisamente al magistrado cuyo voto rompería los equilibrios internos, la presidenta introdujo en la ponencia nada menos que hasta ocho menciones a la "indisoluble unidad de la Nación española", referencias que hasta entonces no existían. A partir de ahora se abre el frente político que pondrá a cada sigla ante su espejo. Mientras al PSC de Montilla no le quedará más remedio que reivindicar la integridad del Estatut -lo contrario sería jugarse los votos a las puertas de unos nuevos comicios-, los grupos nacionalistas van mucho más allá y afirman que se está en la antesala de una "involución autonómica" que da carpetazo a la época de la Transición ante esta intromisión del Gobierno central en Catalunya. Ante este evidente recorte, avanzan, se abriría una nueva etapa con el derecho a decidir como hoja de ruta. Un mensaje que en Euskadi no suena a nuevo.
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