El nuevo modelo de Servicios Sociales sale hoy adelante con las críticas de EB y Aralar

Donostia. Salvo sorpresa, hoy saldrá adelante el modelo "más sostenible" que defiende la Diputación para los Servicios Sociales de la próxima década. Las Juntas Generales de Gipuzkoa debatieron ayer largo y tendido dicho modelo, llamado a convertirse en la hoja de ruta que marcará los planes de actuación en los próximos años. Dos horas y media de cruce dialéctico y dos posturas claramente diferenciadas: el desmarque evidente de Aralar y EB, que abogaron por un sistema fiscal "más justo y progresista", y el apoyo más o menos explícito del resto de formaciones. El PSE, que echó en falta una mención expresa "al papel que puede jugar el Gobierno Vasco en todo el proceso", se muestra, en todo caso, favorable al texto: "Es el camino correcto", expresaron fuentes consultadas por este periódico. El visto bueno parece evidente.

El territorio destina en la actualidad el 38% del presupuesto foral a políticas sociales, una partida que garantiza la viabilidad del sistema. Pero la cosa cambia si se levanta la cabeza y se mira al futuro más o menos cercano. La Diputación está convencida de que, más allá del signo político de quien gobierne, para garantizar el futuro es necesario un cambio de mentalidad, y crear un sistema de servicios sociales "más comunitario", donde, en la medida de lo posible, se preste la atención al paciente en su entorno más cercano, siendo la Administración la que garantice los recursos necesarios "para que esta nueva realidad no se convierta en una carga".

Es el nuevo paradigma que defendió el lunes la diputada de Política Sociales, Maite Etxaniz, después de un largo proceso de reflexión que ha durado dos años y ha contado con la participación de todos los agentes implicados en el sector.

El debate, además, tiene lugar en un momento clave, puesto que se está desarrollando la Ley de Servicios Sociales, que reconoce la cobertura a toda persona como un derecho subjetivo.

Al hilo de esta cuestión, una de las intervenciones más duras en el largo debate de ayer vino de la mano de Aralar. "Quieren colocar a la persona como eje de la atención, pero hasta ahora no hemos visto que haya sido así", reprochó Rebeka Ubera en relación a los conflictos surgidos en la atención a menores y en residencias de mayores, fruto, dijo, de la desatención. "Si tenemos que cambiar el modelo, seamos serios, y que la persona se convierta en el eje de verdad", proclamó.

En ese sentido, dudó de que sea así teniendo en cuenta las listas de espera que existen en el territorio -"casi mil personas en centros para mayores"-, un extremo posteriormente desmentido por Etxaniz, quien dijo que "el 95% de las personas dependientes de Grado III nivel 2 están siendo atendidas" en la actualidad.

Privatización Aralar defendió "un cambio de raíz de las políticas fiscales para contar con más recursos", y un modelo diferente al propuesto, en el que "se acabe con la privatización de los servicios sociales", y éstos sean equiparados "a los sistemas de salud y educativo".

No menos explícita fue la juntera de EB Arantza Gonzalez, quien aseguró que "no existen problemas de financiación en Servicios Sociales, pero lo que ocurre es que no interesa gravar al que más tiene". Criticó el modelo propuesto por la Diputación porque "no aporta ninguna novedad" al sistema empleado hasta ahora. "Se hace un llamamiento a la sociedad para que realice un ejercicio de solidaridad, que le corresponde a la Diputación".

Gonzalez invirtió los términos y aseguró que más que de solidaridad hay que hablar de "justicia social", una labor que "le compete al Ejecutivo foral", que se está limitando a hacer de "cajero automático, al repartir el dinero y subcontratar servicios sin hacer un seguimiento".

El PP, en un tono mucho más amable, mostró su apoyo explícito al espíritu de la propuesta. "Estamos bastante de acuerdo con el escenario planteado", dijo María Asunción Guerra, que se mostró favorable a que la Diputación no sea exclusivamente proveedora de servicios y pueda apoyarse para ello en el tercer sector, algo con lo que no comulgan Ezker Batua y Aralar.

Abogó por un sistema de cobertura universal, en el que se presten servicios "con un principio de igualdad y equidad" entre lo público y privado, y no desdeñó nuevas formas de financiación, como el copago o incluso "un seguro de dependencia" sin penalizar el ahorro.

Tanto Luis Mari Ormaetxea (Hamaikabat) como el portavoz del grupo juntero del PNV, Joseba Antxustegi, respaldaron el nuevo modelo de servicios sociales. Ormaetxea, que resaltó la "valentía" del Departamento de Política Social para abordar esta cuestión en un contexto social tan poco halagüeño, dijo identificarse con la propuesta porque "coloca a la persona como eje de atención".

Ante la corriente social "cada vez más individualista", el juntero de Hamaikabat respaldó el modelo que busca "recuperar a la comunidad" para que quien precisa de servicios sociales no se vea obligado a abandonar su entorno más cercano. Ormaetxea cargó tintas contra EB y Aralar al criticar que la Diputación defienda la posibilidad de no ser siempre un proveedor de servicios, apoyándose en el tercer sector. "Rechazamos esa visión que nos aboca a personas pasivas. Hace falta una mayor corresponsabilidad", proclamó.

En la misma línea, Antxustegi aseguró que "no se pueden dar pasos atrás en los servicios sociales" y apostó por "consolidarlos y mejorar el nivel de cohesión que tenemos hoy día". Para ello, tal y como promulgó el lunes la diputada Etxaniz, el procurador jeltzale abogó porque "sea la Administración la que tenga un papel tractor, garante pero sobre todo innovador".

La juntera del PSE-EE, Toñi Landa, abogó por no identificar servicios sociales "sólo con gasto", puesto que "se trata de uno de los motores de nuestra economía, y todavía no lo hemos agotado". Landa dijo estar de acuerdo con el plan de la Diputación, aunque echó en falta "mayor concreción en torno a la financiación".