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El PP alerta de que estas decisiones alimentan sus dudas sobre "la firmeza" del Gobierno español ante eta
A.G./efe - Jueves, 17 de Junio de 2010 - Actualizado a las 07:56h
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Rafa Diez Usabiaga. (G.N.)
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Donostia. La Audiencia Nacional confirmó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros que el juez Baltasar Garzón decretó en abril para Rafa Diez Usabiaga con el fin de que cuidara a su madre, ya que considera que el ex secretario general de LAB ha cumplido las medidas cautelares que le impuso el magistrado. Con esta decisión, la sala de lo Penal desestima el recurso que interpuso la Fiscalía del Estado, que había denunciado que la circunstancia humanitaria alegada por Usabiaga había sido creada "artificialmente", y aplaude la "correcta" decisión que tomó el juez que ahora se encuentra suspendido cautelarmente.
Muchas han sido las presiones que ha tenido que aguantar el tribunal antes de tomar esta decisión, sobre todo desde los aledaños del PP, que han criticado con dureza la posible relación existente entre la puesta en libertad de quien está considerado uno de los principales ideólogos de la izquierda abertzale y la apertura de vías de diálogo entre el Gobierno y el sector más posibilista de este sector político. De hecho, ya en el anterior proceso de paz, el propio Garzón apuntó que los poderes del Estado podrían ayudar con sus decisiones a generar contextos de distensión, lo que ha alimentado la denuncia que ahora hacen estos sectores. Así, a pesar de que Conde-Pumpido aseguró que la Fiscalía "ha demostrado el rigor y la dureza con que se debe tratar a los terroristas y sus colaboradores", el diputado Alfonso Alonso (PP), aseguró que esta decisión "alimenta la desconfianza respecto a la firmeza de la política antiterrorista" del Ejecutivo español.
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