PSE y PP acuerdan no multar a los comercios que no atiendan en euskera

GASTEIZ. El Parlamento Vasco, a través de una iniciativa del PSE y el PP,  instó hoy al Gobierno vasco a impulsar los cambios normativos  necesarios para eliminar las sanciones a las empresas que no rotulen  y atiendan en euskera, que en principio iban a entrar en vigor el 17  de julio y que en algunos casos llegaban a los 600.000 euros. El  texto recibió el rechazo de las formaciones nacionalistas y EB, y la  abstención de UPyD.

La propuesta fue aprobada hoy en el transcurso del pleno ordinario  que celebra la Cámara, en la que se debatió sobre este tema a raíz de  una iniciativa original de UPyD. Este texto, que reclamaba la  "inmediata" derogación del decreto que regula las sanciones, así como  otra propuesta del PNV que defendía el mantenimiento de la norma, no  salieron adelante.

Las multas para las empresas que no cumplan obligaciones  lingüísticas como atender y rotular en las dos lenguas oficiales de  Euskadi aparecen contempladas en la Ley de 2003 sobre el Estatuto de  las Personas Consumidoras y Usuarias, que fija sanciones de entre  3.000 y 600.000 euros. Posteriormente, un decreto aprobado en 2008  desarrollaba la citada ley y fijaba los plazos y las características  de las empresas afectadas por la norma.

8.000 EMPRESAS AFECTADAS

Las compañías a las que se refiere la normativa son las grandes  cadenas comerciales y empresas de comunicación, transporte y  servicios que operen en Euskadi. Los requisitos se fijan en función  del tamaño y la ubicación de las compañías, entre otros factores.  Según algunas estimaciones, habría 8.000 negocios afectados, que  darían trabajo a 200.000 personas.

El pasado día 2, el Gobierno vasco ya anunció su intención de  demorar la aplicación de las multas" hasta que la realidad  sociolingüística lo aconseje". No obstante, la iniciativa aprobada  hoy por la Cámara da un paso más en esa dirección e insta al Gobierno  a "impulsar las modificaciones normativas necesarias que permitan  amparar y fomentar los derechos lingüísticos de las personas  consumidoras y usuarias, eliminando las medidas coercitivas y  sancionadoras".

En el segundo punto de la iniciativa se insta al Gobierno a que  "con ese fin, establezca una moratoria de un año" en la aplicación de  las sanciones, hasta que se aprueben las citadas modificaciones  normativas.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, de quien partió la  iniciativa original a partir de la cual se suscitó el debate,  calificó de "despropósito" el intento de "imponer el uso de una  lengua por la vía del decreto" y consideró que la derogación de la  normativa sobre este asunto debe hacerse "cuanto antes".

OBJETIVOS "ASUMIBLES"

La parlamentaria del PNV Arantxa Aurrekoetxea manifestó que los  objetivos que se marcan en la normativa aprobada en la legislatura  pasada "son asumibles" y precisó que las obligaciones sólo afectan a  empresas que tienen recursos suficientes para hacerles frente.  También recordó que, junto a las exigencias y sanciones, se  contemplan ayudas económicas para facilitar la adaptación de las  compañías a la normativa. Por otra parte, afirmó que los  vascoparlantes tienen derecho a usar el euskera no sólo en sus  relaciones con la Administración, sino también en el ámbito privado.

Desde las filas de Aralar, Mikel Basabe aseguró que en el Estado  español, y a través de la propia Constitución, "sólo se impone" el  conocimiento del castellano. Además, propuso al resto de grupos que  abandonen las posturas "maximalistas" con el fin de llegar a un  acuerdo para garantizar el conocimiento de ambas lenguas oficiales en  las próximas generaciones.

El parlamentario de EB, Mikel Arana, se mostró en contra de las  multas, pero afirmó que "si no se adoptan medidas para impulsar la  demanda" de atención en euskera, "nunca" se logrará esa demanda. 


EL 77% USA EL CASTELLANO

El parlamentario del PSE-EE Vicente Reyes rechazó la imposición de  multas "por motivos lingüísticos" y apostó por "recuperar el consenso  roto por los gobiernos anteriores". Además, recordó que el último  sociómetro indica que un 77 por ciento de los vascos utilizan  principal o únicamente el castellano en su ámbito familiar. "*Con  esta realidad sociolingüística cómo pueden defender la imposición de  sanciones?", preguntó a las formaciones nacionalistas.

Desde el PP, Iñaki Oyarzábal coincidió en que se trata de "una  imposición artificial" y denunció que con este tipo de normas "se  limita la libertad" de los ciudadanos en el ámbito privado y se lleva  a cabo "un ataque frontal contra la libertad de empresa". Tras  asegurar que "los talibanes lingüísticos son los mayores enemigos del  euskera", defendió la necesidad de eliminar del Estatuto de los  consumidores y del decreto que lo desarrolla "todas las medidas  referidas a sanciones y obligaciones".