La reforma laboral que viene

EL scoop periodístico se está convirtiendo en los últimos días en el protagonista principal de la reforma laboral. Informaciones interesadas, divulgadas a modo y manera de primicias interesadas; globos sonda para pulsar su repercusión en la otra parte y en la opinión pública; borradores y contraborradores (...). Hasta donde alcanza el sentido común, lo único cierto es que el día 16 se aprobará el documento final y que aún resta la penúltima reunión, el próximo miércoles, entre Gobierno español, sindicatos y patronal para desbloquear la situación o para constatar el probable fiasco final.

El último rumor conocido -habrá más en los próximos días- apunta a que Zapatero se habría decantado por la revisión de las causas del despido procedente por razones económicas para facilitar que las empresas en dificultades puedan rescindir contratos indefinidos indemnizando a los trabajadores con el salario de 20 días por año de antigüedad, frente a los 45 días que se abonan ahora por medio del despido improcedente exprés; por la extensión del contrato indefinido de fomento del empleo, con despido más barato que el ordinario, con limitaciones contra el uso abusivo de los contratos temporales por obra y servicio; y por la aplicación del modelo alemán para regular la jornada y los salarios en caso de crisis y la introducción del sistema austriaco para las indemnizaciones por despido.

Sea como fuere, al margen de los avances en algunos temas como la lucha contra el paro juvenil y el de larga duración, los grandes escollos que han provocado fracasos anteriores, incluido el fiasco del diálogo social, son la rebaja de las cotizaciones sociales de los empresarios y la contratación.

Cotizaciones empresariales

La opción de una rebaja queda descartada

En la anterior etapa del diálogo social tripartito, el Gobierno ofreció una rebaja de un punto en las cotizaciones por contingencias comunes (alrededor de 3.000 millones de euros al año) y de medio punto más por las cuotas por accidentes de trabajo. La negociación terminó fracasando, básicamente por la pretensión patronal de exigir cinco puntos.

En la actual negociación, este debate nació condicionado por la propuesta gubernamental de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años de edad para garantizar que los ingresos al Estado permitieran asegurar las pensiones. La opción de rebajar las cuotas ha quedado finalmente descartada tras la congelación de las pensiones que el Ejecutivo aprobó en su plan de recorte.

Contratación

Generalización del contrato de fomento de empleo

Las conversaciones giran en torno a la ampliación del contrato de fomento (que se aplica a jóvenes y parados de larga duración), existente desde 1997 y que recoge una indemnización por despido de 33 días para los improcedentes por causas económicas y de 45 días para los improcedentes por causas disciplinarias. El Gobierno habría propuesto igualar el coste de indemnización por despido improcedente por causa económicas y disciplinarias, es decir, dejarlo en 33 días para todos los casos, si bien y con carácter transitorio y excepcional, se eximiría de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos para superar situaciones económicas adversas.

Se discute la concentración de los contratos bonificados, ahora prácticamente universales (únicamente los hombres de 30 a 45 años no están bonificados) en dos colectivos: los jóvenes de entre 16 y 30 años y los mayores de 45 años, aunque con mayores bonificaciones para las empresas si contratan a mujeres.

Además de las bonificaciones, el empleo para jóvenes es uno de los ejes, por lo que se propone ampliar el uso del contrato de formación con varias medidas, como extender la edad máxima de 21 a 24 años, eximir de cotizaciones sociales a las empresas si el joven en formación no sustituye a un trabajador de plantilla o que el Estado costee la formación teórica. También se plantearía, en términos genéricos, el modelo austriaco, según el cual las empresas costearían un fondo de previsión para los trabajadores a los que estos podrían recurrir en caso de desempleo y que podrían trasladar a su nuevo empleo. También se abre la puerta a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, que competirían con el INEM en la intermediación laboral, y se baraja la eliminación de las restricciones de las empresas de trabajo temporal.

Causas objetivas de despido

Ampliación de las causas económicas

Hasta ahora, el empresario podía justificar el despido por la ineptitud del trabajador, la falta de adaptación a las modificaciones técnicas de su puesto, el absentismo, la falta de consignación presupuestaria o la necesidad acreditada de amortizar puestos de trabajo. Según las últimas filtraciones, el Ejecutivo aceptaría que al empresario le baste con justificar una mala situación económica para prescindir de personal de manera justificada. Una de las reclamaciones de los sindicatos, la reducción de la temporalidad, sería atendida en la propuesta, limitando el contrato por obra a un máximo de dos años y aumentando la indemnización por despido en las subcontratas.

Negociación colectiva

¿Queda fuera de la reforma laboral?

La negociación colectiva se ha dejado fuera de la reforma laboral y ha quedado pendiente para el otoño. La idea inicial en febrero era modificar la estructura de la negociación colectiva para simplificarla; es decir, acabar con la división entre los ámbitos de negociación central, autonómica, sectorial y en el seno de las empresas. Otra gran polémica.

Tampoco se acomete la flexibilidad en las empresas para poder adaptarse a las circunstancias. Este aspecto es clave porque la presunta rigidez que existe en los salarios, la movilidad de los trabajadores y el cambio de funciones ha sido muy criticado por los organismos internacionales, que han visto en estas limitaciones una de las causas por las que las compañías han optado por el despido como única fórmula ante la crisis.