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Hacienda de Irun

La Comisión del 'caso Glass' responsabiliza políticamente a Antton Marquet y Víctor Bravo

Acusa al ex diputado foral de no controlar la potestad del director en los expedientes

Las responsabilidades políticas de Bravo se ciñen, al igual que en la Hacienda de Irun, a la gestión realizada

N.G. - Martes, 1 de Junio de 2010 - Actualizado a las 07:42h

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Imagen de una reunión de la comisión de investigación del "caso Glass" de las Juntas Generales de Gipuzkoa . (Foto: N.G.)

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Donostia. El informe de conclusiones que la Comisión de Investigación de las Juntas Generales de Gipuzkoa del caso Glass aprobó ayer por unanimidad considerar al ex diputado foral de Hacienda, Antton Marquet, y al ex director general de Hacienda, Víctor Bravo, responsables políticos en el funcionamiento y la gestión de la concesión de las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), en concreto de la compañía Glass Costa Este Salou SL, objeto de la denuncia judicial de Hacienda.

El informe que fue aprobado ayer por unanimidad por parte de los miembros de la comisión recoge las dos partes que faltaban por conocer del trabajo de ocho meses que ha llevado a cabo la Comisión, como son la determinación de las responsabilidades políticas del caso Glass, así como una serie de recomendaciones para su aplicación futura en la aprobación de las SPE.

Frente a la responsabilidad política que la Comisión de Investigación determina de manera clara en el caso del diputado de Hacienda durante los años 1995 y 2003, Antton Marquet, sin embargo, en el caso del ex director general de Hacienda, Víctor Bravo, se ciñe al informe de la Comisión de Hacienda de Irun que hace referencia a la norma foral 6/2005 en el que se establece mecanismos de exigencia de responsabilidad política a los diputados forales y, en su defecto, al diputado general, sin afectar a otros cargos de designación.

Es en este contexto, donde la comisión del caso Glass hace suyas las consideraciones de la Hacienda de Irun, al determinar "las responsabilidades de naturaleza política que pudieran existir en el ejercicio de un cargo público y cuya imputación no conlleva otros efectos que una valoración política de la gestión realizada".

Es este punto, donde la Comisión del Glass entiende que ha habido responsabilidad política en la actuación de Víctor Bravo al "no haberse abstenido en el expediente de aprobación de la orden foral 83/2002, a pesar de tener interés personal en este asunto".

El otro aspecto, en donde la Comisión de las Juntas Generales ve responsabilidades políticas en Víctor Bravo es la asunción de funciones inspectoras, a través de un funcionario, designado al efecto, que "debería de estar motivada y no lo estaba".

"Merece reproche político el hecho de que el director no estableciese en relación con estos expedientes criterios, pautas u objetivos que sirvieran para realizar un plan específico de selección de contribuyentes objeto de inspección", se afirma en el informe.

Sin embargo, es en la actuación del entonces diputado foral de Hacienda, Antton Marquet, donde la Comisión centra más sus críticas políticas al censurar su decisión de presentar al Consejo de Diputados para su posterior aprobación el decreto foral 36/2000 de estructura orgánica y funcional del departamento de Hacienda, por el que se concede al director general funciones recaudatorias, gestoras e inspectoras en expedientes en los que concurrieran circunstancias especiales.

En opinión de la comisión de las Juntas Generales "un cargo político no debe ejercer funciones inspectoras, ni siquiera a través de actuario, ni siquiera con la conformidad del diputado foral".

"Haber introducido esta injustificada potestad en la normativa organizativa, que confería además, a juicio de la Comisión, una excesiva discrecionalidad a la dirección general de Hacienda constituye una medida anómala, desde la perspectiva de una correcta gestión de la cosa pública que debe determinar la correspondiente declaración de responsabilidad política a quien inicialmente la promovió, el diputado foral Sr. Marquet, teniendo en cuenta, además que no controló el desarrollo de tal competencia", precisa el informe.

En otro punto del documento, la comisión de las Juntas Generales hace mención a que la potestad que tenía el director general de Hacienda en el control de los expedientes especiales no "consta que se hiciera uso en legislaturas posteriores" a las que estuvo Marquet.

La comisión del caso Glass eleva también sus críticas al Consejo de Diputados que es quien aprobó este decreto, a pesar del intento de un grupo juntero por imputar algún otro cargo político de la época, por haber aprobado el decreto de estructura orgánica de la Hacienda por la que se establecían determinadas funciones recaudatorias, gestoras e inspectoras en expedientes especiales al director general.

"La Comisión no comparte la introducción de tal potestad y desde el punto de vista político la considera contraria a la transparencia en la gestión", concluye el informe.

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