Empresas vinculadas a la operación 'Malaya' figuraban entre las inspecciones de Bravo

Donostia. El ex director general de la Hacienda de Gipuzkoa entre los años 1991 y 2003, Víctor Bravo, asumió durante su mandato expedientes de inspección de dos compañías del sector inmobiliario cuyo representante, el empresario guipuzcoano, Javier Arteche, fue imputado en 2006 en una pieza separada en el caso de la operación Malaya.

Según un informe encargado por los actuales responsables de la Hacienda foral y que fue aportado a los trabajos de la comisión de investigación de las Juntas Generales de Gipuzkoa sobre el caso Glass, Bravo gestionó un total de 146 expedientes de inspección de empresas y particulares por razones que nunca motivó. Entre esa documentación se encontraban al menos tres expedientes correspondientes a compañías propiedad de Arteche, al que se le relaciona con el principal imputado en el caso Malaya, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca.

El informe -al que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA- fue elaborado por el asesor externo Juan Bosco Urbieta por encargo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, Pello González, con el objeto de analizar las concesiones del régimen de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE) -entre ellas a la investigada Glass Costa Este Salou, en la que Bravo es socio-, además de los expedientes de inspección que el ex responsable del erario tenía en su poder. Según González, esa documentación se hallaba en un archivador "conocido en el departamento como el armario del director". Durante los trabajos de investigación de la comisión especial de las Juntas Generales los responsables de Hacienda aportaron una parte de las conclusiones a las que había llegado el abogado Urbieta al estudiar los 145 expedientes.

El departamento foral entregó a los junteros de la comisión una "muestra al azar" consistente en siete expedientes, en tres de los cuales aparece Javier Arteche como representante de dos empresas donostiarras. Esas compañías -Obarinsa y Proínsa Desarrollo Siglo XXI- pertenecen al sector de promociones inmobiliarias y ambas han sido investigadas como supuestas beneficiarias de convenios urbanísticos que fueron denunciados hace cuatro años como irregulares por el interventor de Marbella.

Arteche estaría vinculado también a inversiones inmobiliarias en Murcia que también han sido investigadas por su relación con José Antonio Roca. Precisamente el diputado foral de Hacienda, Pello González, informó a las Juntas Generales de que su departamento ha tenido que devolver "fortísimas cantidades por IVA a determinadas empresas que estaban en el régimen de SPE y que fundamentalmente eran inversiones afectadas a la región de Murcia y alrededores".

Siete de 146 Preguntado por los junteros de la comisión acerca de por qué se habían entregado a las Juntas Generales únicamente los datos de siete de los 146 expedientes, Urbieta dijo desconocer las razones por las que el departamento de Hacienda y Finanzas había extraído sólo esa documentación para ser analizada en primer lugar.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación del caso Glass, el departamento de Hacienda arguyó que la Ley de Protección de Datos le impedía aportar información referida a contribuyentes, si bien ya había aportado a los responsables de la Cámara foral las conclusiones del informe del asesor externo con la identificación de varias personas relacionadas con los expedientes que gestionó Bravo.

La información facilitada por Pello González a la comisión de investigación señalaba que Víctor Bravo disponía de un "armario" en el que figuraban expedientes de inspección correspondientes a empresas guipuzcoanas. El Decreto Foral 36/2000 de 4 de abril sobre Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Hacienda y Finanzas atribuyó al director del erario la facultad de ejercitar labores inspectoras, algo que no había sucedido nunca y que no se realiza en otras haciendas.

Así, esa norma permitió a Bravo asumir -a través del personal funcionario- expedientes de inspección siempre que concurrieran "circunstancias especiales". Según el asesor externo contratado por Pello González para analizar la documentación del "armario" de Bravo, no consta en ella argumentación alguna por parte del entonces director general acerca de cuáles eran las circunstancias especiales por las que gestionaba esos expedientes.

Esa ausencia de motivación documentada a la hora de que Bravo asumiera la inspección de esos expedientes podría ser incluida por los junteros de la comisión de investigación en las conclusiones finales, que aún no han sido elaboradas ya que únicamente existe un borrador previo escrito por el presidente del órgano, el socialista Julio Astudillo.

sin indicios Tal como adelantó ayer este periódico, el abogado Urbieta no apreció irregularidades administrativas ni indicios de delito en la actuación de Bravo en la gestión de los expedientes que guardaba en la sede de Hacienda Foral en Donostia.

En los tres expedientes en los que el representante de las empresas afectadas era Javier Arteche, dos de ellos correspondientes a Obarinsa y el tercero a Proínsa Desarrollo Siglo XXI, el asesor contratado por Hacienda no observó anomalías en el cierre de los mismos con actas de conformidad o actas de comprobado y conforme. De todos modos, como hace constar Urbieta en su informe, no hay documentación suficiente en esos expedientes para determinar si su finalización es correcta.

Uno de los expedientes de inspección de Obarinsa se resuelve con la obligación de ingresar 167.558,33 euros y en el acta de conformidad se asegura que Arteche entregó al funcionario encargado del caso un talón de cargo y cartas de pago pertinentes. Sin embargo, esos documentos no figuran en el expediente, razón por la que Urbieta concluye en su informe que "partiendo de la hipótesis de que fuera cierta la emisión y entrega de las cartas de pago, desconozco -pues no consta nada en el expediente de inspección- si tras firmarse el acta de conformidad se pagó o no la deuda o si, en su caso, se prosiguió con la ejecución de la misma por la vía de apremio por parte del servicio correspondiente de la Hacienda Foral".