Un asesor externo de Hacienda no apreció en la actuación de Bravo irregularidades ni delitos

Donostia. Un asesor contratado por la Hacienda de Gipuzkoa aseguró a la comisión de investigación de las Juntas Generales centrada en el caso Glass que no apreció "ningún tipo de irregularidad administrativa ni tampoco ilícito penal" en la actuación del ex director general del erario Víctor Bravo en relación a expedientes de concesión del régimen de Sociedad de Promoción de Empresas (SPE), entre ellos el de la compañía Glass Costa Este Salou, motivo de las pesquisas de la Cámara foral.

Según la documentación que obra en el seno de la comisión de investigación, a la que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA-, el abogado Juan Bosco Urbieta fue contratado a finales del año 2008 por el diputado foral de Hacienda y Finanzas, Pello González, con el cometido de revisar expedientes vinculados al citado régimen de SPE, que permite gozar de determinadas ventajas fiscales en el Impuesto de Sociedades a las empresas a las que se les otorga. La labor de este asesor externo se centró en verificar si se habían seguido los trámites de procedimiento administrativo correspondientes a la Inspección y si podía extraerse sospecha de algún tipo de delito para transmitirla así a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

Sin embargo, a pesar de haber investigado uno por uno 146 expedientes, Urbieta transmitió a la comisión de investigación de las Juntas Generales que no había observado "ningún tipo de irregularidad en los trámites desde el punto de vista administrativo" y tampoco había apreciado "ningún tipo de ilícito penal", hasta el punto de afirmar que "no albergo ningún tipo de sospecha".

Estas afirmaciones fueron ratificadas por el diputado foral de Hacienda en sus comparecencias ante la comisión de investigación de las Juntas Generales sobre el caso Glass. "La percepción rotunda, por parte del asesor (Urbieta), es que no existen pruebas ni elementos concluyentes que hablen de ilícito penal", señaló Pello González a los junteros del órgano especial, creado hace medio año.

Según ha podido saber este periódico, sobre la idea de que no existen pruebas sobre irregularidades o delitos en la actuación de Víctor Bravo podría pivotar el informe final de la comisión de investigación de Juntas Generales sobre el caso Glass. Esto es, los miembros de la comisión estarían de acuerdo en que el régimen de Sociedad de Promoción de Empresas se otorgó con un criterio inadecuado a ciertas compañías relacionadas con el sector inmobiliario pero, a la hora de dilucidar las posibles responsabilidades políticas por el caso, se encontrarían ante la situación de ausencia de indicios de anomalías administrativas o actos delictivos.

Concesión a Glass Glass Costa Este Salou, de la que Víctor Bravo es socio, obtuvo el régimen de SPE en el año 2002 gracias a una orden foral, para lo cual debía tener radicado su domicilio social en Gipuzkoa. Según denunció la Fiscalía a instancias del departamento que dirige González, a la compañía en cuestión se le concedió el régimen de SPE de manera irregular, pues la sede del negocio se encontraba supuestamente en Tarragona, por lo que jamás debió haberse beneficiado de las ventajas fiscales guipuzcoanas.

Por todo ello, según el fiscal, Bravo habría cometido cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. El Ministerio público acusó también a otras cuatro personas, entre ellas los propietarios de Glass Costa Este Salou, quienes habrían causado unos perjuicios económicos a la Hacienda estatal en la tributación del Impuesto de Sociedades de 2.158.747 euros.

A raíz de las investigaciones efectuadas por la Hacienda del territorio en relación a las presuntas irregularidades detectadas en la oficina de Irun -caso que aún está en fase de instrucción y en el que el principal imputado es el hermano de Víctor Bravo, José María, antiguo responsable de la delegación tributaria irundarra-, el departamento foral decidió investigar a Glass Costa Este Salou. Fruto de esas pesquisas fue un informe que la Diputación presentó a la Fiscalía sobre el asunto de esta compañía, dedicada a la promoción de empresas relacionadas fundamentalmente con el sector inmobiliario.

Pero además, la Hacienda foral decidió analizar también todas las concesiones del régimen de SPE llevadas a cabo en años anteriores, la mayoría en la época en la que Víctor Bravo fue director del erario guipuzcoano, entre los años 1991 y 2003, si bien el mencionado tratamiento fiscal fue creado en 1996. Para esa investigación el departamento foral contrató un servicio externo, concretamente el del abogado Urbieta que, como él mismo reconoció ante las Juntas Generales, fue concejal por Eusko Alkartasuna entre 1995 y 2000 en Deba y en su elección por la Hacienda que dirige Hamaikabat (formación resultado de la escisión de EA), además de su capacitación, pudo concurrir el hecho de confianza en su persona.

"No era suficiente" En la comparecencia que realizó el pasado 22 de enero ante la comisión de investigación del caso Glass, Urbieta indicó de que en el análisis que efectuó a los expedientes de SPE constató que en ellos la documentación era "escasa o nula en algunos casos". Según especificó, había expedientes en los que tan sólo obraba "una simple acta de comprobado y conforme o una simple acta de conformidad".

Según añadió Urbieta, en los expedientes en los que sí existía documentación, ésta "no permitía desvelar si las declaraciones presentadas por los contribuyentes o las propuestas de liquidación consignadas en las actas coinciden con la realidad de una cifra de negocios o con la realidad de un patrimonio y de una persona física". Finalmente, el asesor contratado por Hacienda concluyó que esa documentación "no era suficiente para llegar a una conclusión de cualquier tipo de irregularidad".