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El Parlamento pedirá a Ares que denuncie a quienes le acusan de ordenar torturas

pp, pse y upyd reclaman una querella contra los abogados de los detenidos en ondarroa

El consejero de Interior esperará a la resolución final de la Cámara vasca para decidir si emprende acciones legales

txus díez - Sábado, 10 de Abril de 2010 - Actualizado a las 09:53h

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Ertzainas trasladan a uno de los nueve detenidos en Ondarroa. (Foto: a.aldai)

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Donostia. "Tenemos que decir alto y claro que la flamante nueva División Antiterrorista de la Ertzaintza tortura a las órdenes de Ares". Esta frase, que el abogado Alfonso Zenon pronunció el pasado 8 de febrero, a raíz de la detención en Ondarroa, Deba, Mutriku y Jaca de nueve personas presuntamente vinculadas a ETA, le puede salir cara al letrado. PSE, PP y UPyD han acordado pedir al consejero de Interior, precisamente al que aludía directamente Zenon en sus acusaciones, que interponga una querella criminal contra los comparecientes en la rueda de prensa celebrada en Bilbao.

Un día después de que los abogados, familiares y amigos de los detenidos denunciaran las presuntas torturas, el PP registró en el Parlamento una proposición no de ley urgente en la que pide a Ares que presente la citada querella criminal y muestra la solidaridad de la Cámara para con la Ertzaintza. El pasado 2 de marzo, los socialistas registraron una enmienda de totalidad en la que se va aún más allá. José Antonio Pastor insta a Interior a "combatir con determinación cualquier clase de infundios y calumnias que tengan por objetivo erosionar la credibilidad de la Ertzaintza"; se suma a la idea de presentar una querella criminal contra los participantes en la rueda de prensa de Bilbao, y también se solidariza con los agentes de la Policía autonómica. UPyD también se sumó a la iniciativa de los populares con una enmienda de totalidad muy similar.

Fuentes de Interior explicaron a este periódico que Ares esperará a que el Parlamento adopte en un próximo pleno una resolución definitiva, que con toda probabilidad será favorable a la presentación de la querella, para tomar una decisión.

El PNV pide el fin de la incomunicación para evitar falsas denuncias y EA reclama que se investiguen los hechos

Alfonso Zenon compareció en Bilbao junto a un grupo de familiares y amigos de los arrestados en la operación policial desarrollada el pasado 26 de enero en Ondarroa, Mutriku y Deba, y luego extendida a Jaca. En la que fue la primera actuación de la Ertzaintza contra un supuesto comando de ETA bajo el mando de Ares, los agentes detuvieron inicialmente a cinco personas en una espectacular intervención cuyas imágenes fueron trasladadas a los medios de comunicación. Días más tarde se practicaron otros cuatro arrestos.

hospitalizados Todos los detenidos fueron acusados de formar un talde de apoyo a otros comandos que presuntamente cometió de forma directa los atentados de septiembre de 2008 contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa y contra la sede de la Caja Vital en Gasteiz.

Todos ellos, también denunciaron haber sido sometidos a torturas físicas y psicológicas durante el periodo de incomunicación que permite la ley. Zenon aseguró que uno de los detenidos fue ingresado en el hospital en dos ocasiones con lesiones en las costillas, mientras que otros dos fueron atendidos de diversas contracturas.

La respuesta del Parlamento a las acusaciones de los arrestados no ha sido unánime. El PNV aboga por ratificar la confianza en la Ertzain-tza y en la "correcta aplicación de los protocolos establecidos para garantizar los derechos que asisten en todo momento a las personas detenidas", aunque insta al Congreso a derogar el régimen de incomunicación y pide a Interior que, mientras persista esta medida, profundice en las medidas que "garanticen los derechos que asisten a las personas detenidas". En ese sentido, una de las quejas de los denunciantes en la rueda de prensa de Bilbao fue la de que el consejero Ares ha dejado de aplicar el protocolo contra la tortura que instauró el anterior titular de Interior, Javier Balza. EA, por su parte, manifiesta su respaldo a la Ertzaintza, pero no menciona el terrorismo como objeto de la polémica, como sí hace el resto de enmendantes, y pide al director de la Policía vasca que "sea exigente" en los protocolos de detención, e impulse investigaciones internas ante cada denuncia de torturas.

las claves

La incomunicación de los detenidos por delitos de terrorismo, que puede prolongarse hasta trece días, es uno de los puntos de fricción que más diferencias genera entre los partidos nacionalistas y EB, y los constitucionalistas. Los primeros apelan, ente otras cosas, al último informe de Amnistía Internacional sobre España, que denuncia "uno de los regímenes de detención más estrictos de Europa". Según el texto de AI, "es inadmisible que en la España actual una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro". Por el otro lado, PP, PSE y UPyD defienden que la incomunicación, así como la negación de abogados de su propia elección a los detenidos bajo acusaciones de terrorismo, son fundamentales para poder completar las operaciones policiales ya que evitan que se produzcan chivatazos y fugas de sospechosos. Los familiares y abogados de los nueve detenidos en la costa vasca y en Jaca denunciaron que durante el periodo de incomunicación no supieron nada de los arrestados, y que el teléfono de atención a los familiares "es un paripé", pues no supieron que habían estado hospitalizados hasta que finalizó el periodo de incomunicación.

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