El Ejército mexicano, en la mira

Desaparición forzada, homicidios extrajudiciales, tortura y detención arbitraria. Desde que Felipe Calderón desplegó 50.000 militares en las calles de México en 2006 para combatir al narcotráfico, las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por soldados se han multiplicado por seis. Incluso, Amnistía Internacional ha alertado de que estas prácticas se han vuelto recurrentes y, en algunas zonas, hasta "habituales".

Es el caso de Chihuahua (norte), Michoacán y Guerrero (este), donde la presencia tanto militar como del narcotráfico va en aumento. El tristemente famoso Estado fronterizo de Chihuahua, que alberga la urbe más peligrosa del mundo, Ciudad Juárez, cuenta con el mayor contingente militar, compuesto por 7.000 soldados. Es, además, la zona que más número de quejas y denuncias ha recibido. De hecho, salvo tres Estados (Guanajuato, Colima y Campeche), se han registrado abusos militares por todo el territorio nacional.

En Chihuahua, el asesinato, el pasado 3 de enero, de Josefina Reyes ha conmocionado a la sociedad civil juarense y ha lanzado un duro mensaje a los defensores de derechos humanos. Josefina se había convertido, desde el pasado agosto, en una de las principales activistas contra el abuso militar. Ese mes, varios efectivos entraron en su casa de Ciudad Juárez y se llevaron a su hijo Miguel Ángel. Dos años antes, coincidiendo con el inicio de la militarización de Ciudad Juárez, otro de sus hijos, Julio César, fue asesinado.

Desde la desaparición forzada de Miguel Ángel, del que todavía no se sabe nada, Josefina Reyes inició una huelga de hambre frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir el regreso de su hijo y denunciar los abusos militares. Con ella estuvieron Cipriana Jurado y Gero Fong, quienes han denunciado reiteradamente intimidaciones por parte del Ejército. Josefina Reyes fue asesinada el 3 de enero por disparos de desconocidos. El caso sigue sin resolverse. Mientras, el 25 de enero, efectivos militares intentaron registrar el domicilio de Fong sin autorización judicial.

Tras el asesinato de la activista, Amnistía Internacional pidió medidas cautelares en el caso de 16 defensores de derechos humanos que considera "en riesgo". Esto implica que México debe garantizar, mediante sus policías, "la vida de estos luchadores". Sin embargo, para Cipriana, esta medida es sólo una forma de "entregarnos, porque vigilarían nuestra vida, en todos los sentidos". Pero éste no es el único caso ocurrido en la frontera mexicana. Se cuentan por decenas.

El 21 de octubre de 2008, Saúl Becerra Reyes fue arrestado por soldados junto con otros cinco hombres en un lavacoches cercano a su domicilio de Ciudad Juárez. Su pareja, Brenda Patricia Balderas acudió a buscar a Saúl a la PGR, a cuarteles del Ejército y a comisarías municipales. Todos los funcionarios dijeron no saber nada de las detenciones.

Tras ser torturados y retenidos ilegalmente durante cinco días, todos los hombres menos Saúl Becerra fueron puestos bajo custodia de la PGR y acusados de delitos relacionados con las drogas y armas de fuego. Tres vehículos confiscados durante la detención -incluido el de Saúl Becerra- fueron entregados a la PGR.

Brenda Balderas trató de denunciar al Ejército por secuestro y detención ilegal en la PGR de Ciudad Juárez, pero los funcionarios no tramitaron su queja. A comienzos de 2009, el cadáver de Saúl apareció en una carretera cercana a Ciudad Juárez. El certificado de defunción emitido por las autoridades señala que falleció un día después de la detención debido a una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. En estos momentos, la investigación no incluye a ningún miembro del Ejército.

Impunidad El gran problema con el que se encuentran los familiares de las víctimas es la justicia militar. Los casos de abusos son investigados y juzgados por el sistema militar de justicia, lo que no garantiza una investigación imparcial e independiente y genera impunidad en la mayoría de los casos. Como consecuencia, las víctimas y sus familiares se ven privados de un recurso efectivo para obtener justicia.

A pesar de las limitaciones y deficiencias de la información oficial, los datos aportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dependiente del Estado, arrojan algunas cifras. La CNDH afirma que en 2006 recibió 182 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); en 2007, 367 denuncias; en 2008, ascendieron a 1.230, mientras que en los primeros meses de 2009, ya se habían registrado 559. Sin embargo, la CNDH no formuló ni una sola recomendación contra la Sedena en 2006; en 2007 emitió seis (tres casos de tortura y uno de ejecución extrajudicial); en 2008, 14 (seis relativas a tortura y cuatro a ejecuciones, entre otros), y al acabar 2009, otras 25 (entre ellas , 15 relacionadas con tortura y una con desaparición forzada).

Muchas de las quejas se presentaron durante las actividades policiales llevadas a cabo por el Ejército en Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez. Es más, entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y una oficina municipal de Ciudad Juárez recibieron 1.300 denuncias de abusos por parte del Ejército, que incluían 14 casos de desaparición forzada y 8 de ejecución extrajudicial.

Hay muy poca información disponible sobre los juicios a los militares. Los únicos datos aportados por el Gobierno datan de julio de 2009, cuando la Sedena anunció que 53 militares estaban bajo investigación y que otros doce habían sido sentenciados. Sin embargo, nueve de las sentencias se referían a casos anteriores al actual gobierno.

Tampoco han sido juzgados ni castigados los casos de violaciones sexuales, abusos y asesinatos a mujeres a manos de militares, un hecho que preocupa especialmente a los defensores de derechos humanos, ya que durante la administración de Felipe Calderón se ha disparado el número de violaciones de hombres, mujeres, niñas y niños.