Proyecto de ley general de comunicación audiovisual: una contrarreforma

el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, presentado en el Consejo de Ministros el pasado 16 de octubre y que ha iniciado su tramitación parlamentaria, presenta algunas virtudes innegables respecto a la situación actual, pero también representa, si no se modifica, un punto sin retorno en el proceso de alejamiento de la ciudadanía de la política comunicativa socialista y de su adaptación a los intereses de los grupos empresariales de comunicación.

Entre las cuestiones acometidas con corrección en el proyecto destacan: la creación del esperado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), la necesaria transposición de la normativa comunitaria sobre servicios audiovisuales de 2007, la homogeneización del enjambre de normativas dispersas o la atención a fenómenos nuevos como la televisión en movilidad, la alta definición y la interactividad.

Sin embargo, esta serie de aspectos reseñables no basta para disimular una pléyade de desaciertos preocupantes. Pues, en efecto, se trata de un proyecto desregulador y liberal que animará incontrolables procesos de concentración entre empresas. Al mismo tiempo es poco garantista del derecho a una comunicación de calidad de la ciudadanía. De hecho, la redacción actual del proyecto supone una ruptura con criterios elementales de la tradición progresista como son el concepto y la práctica del servicio público, el pluralismo con limitación de la concentración empresarial o las obligaciones mínimas para todos los operadores que garanticen el preferente rol social de la comunicación.

La misma elaboración del proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual ha pecado de una notable falta de transparencia y participación de importantes agentes (a excepción de la patronal del sector televisivo: UTECA) y con todo el aspecto de invadir competencias autonómicas. Y, además de contravenir el espíritu del Informe sobre la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad Pública, encargado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2005, es parte de un estilo procedimental discutible. El lector recordará que en los meses anteriores al proyecto han proliferado leyes y decretos en una política de hechos consumados: el nefasto nuevo modelo de financiación de RTVE, la liberal desregulación del número de operadores permitiendo el accionariado cruzado o la introducción inopinada y sin consenso de la televisión de pago en la TDT.

Al analizar los 60 artículos que componen el proyecto resulta patente que la radiotelevisión es concebida preferentemente como un ámbito comercial -"mercado audiovisual" es el novedoso término jurídico- que acantona al concepto de "servicio público esencial" del Estatuto de radiodifusión de 1980, sólo en el operador público y no en el conjunto del sistema de radios y televisiones. Esto, por un lado, constituye una regresión doctrinal de primera magnitud, siendo dudosamente constitucional hacerla mediante ley no orgánica; el Estatuto lo era. Por otro, excluye a los operadores privados de las obligaciones de servicio público para reducirlos en un ambiguo "interés general".

Otro punto muy delicado del actual proyecto es su apuesta por reducir el pluralismo y favorecer la concentración empresarial televisiva: autoriza que un mismo propietario tenga peso accionarial en hasta ocho programas privados de ámbito estatal (dos múltiplex) si no supera el 27% del mercado y que, además, pueda disponer de otras cuatro en el ámbito autonómico (en una misma demarcación); sitúa el mínimo de prestadores privados de ámbito estatal en tres (antes se preveían cinco); incluso se llega a la incoherencia en la propia norma, ya que superar el 27% con posterioridad a la adquisición de una nueva participación no tendrá ningún efecto; desaparecen las restricciones para emitir en cadena (antes no más del 25% de la programación), lo que puede dañar seriamente a la auténtica comunicación local, como ya ocurrió en el caso de la radio comercial. Este marco es, sin duda, un auténtico convite a que se construya un oligopolio de tres prestadores a escala estatal.

Aún es más, el proyecto sigue autorizando a los radiodifusores a que arrienden o cedan las licencias, con lo que se fomenta la especulación y el rentismo sobre un bien público escaso -el espacio radioeléctrico-, ampara que el futuro mapa mediático no tenga nada que ver con el resultante de los concursos que se produzcan y abona el marco para que desaparezca la noción de interés general.

Una vez apartada TVE del mercado publicitario, el proyecto liberaliza aún más la publicidad en la televisión en abierto: permite la emisión del máximo de minutos/hora que autoriza la Directiva europea: 12 minutos (se excluye el patrocinio y el emplazamiento de productos) pero, al poderse añadir 5 minutos de autopromoción y 12 minutos de telepromociones, ¡se alcanzaría la mitad de cada hora en publicidad! En relación con la televisión digital terrestre (TDT), los licenciatarios podrán codificar para el sistema de pago dos de las cuatro señales que operen, ¡el 50% del múltiple!

En el caso de la radio también se liberaliza con límites de propiedad extremadamente bajos y que amparan el oligopolio actual. Un sólo propietario puede gestionar hasta un tercio de licencias con cobertura estatal. Asimismo, puede controlar hasta el 50% de las licencias de una comunidad autónoma o de una demarcación.

Finalmente, cabe señalar que el CEMA nacerá con debilitadas competencias (no podrá otorgar licencias ni sancionar incumplimientos de las pautas publicitarias), con un claro recorte de su capacidad respecto al anteproyecto anterior. Una auténtica decepción.

En resumen, el proyecto sobre el audiovisual va en dirección contraria al pluralismo, anuncia el apoyo público a un proceso de concentración de operadores con escasa diversidad de contenidos y servicios interactivos, penaliza la comunicación de proximidad y comunitaria, minimiza el rol del CEMA y abandona la filosofía basada en el ciudadano para convertir el ámbito radio televisivo privado en mero mercado.

Por todo lo señalado, proponemos la retirada de este proyecto de ley general del audiovisual hasta que tenga lugar un debate social digno de tal nombre, y que sólo se contemple una ley que incluya la transposición de la última Directiva europea, un título relativo a los derechos del público para evitar un apagón analógico sin obligaciones de los operadores y la conformación de un CEMA con plenas competencias reguladoras y sancionadoras.