El divorcio catalán

la celebración de las consultas en Cataluña ha sido un acontecimiento que en modo alguno se ha de subestimar. Y menos aún minimizarlo, ridiculizarlo o falsearlo, como han hecho los medios cuyo deporte favorito es el combate antivasco y anticatalán, y cuya ocupación prioritaria es la defensa acalorada del neonacionalismo español.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, ha llegado a decir que "las consultas han sido una pantomima". ¿Una pantomima que unas consultas que, según se hartaron de decir por todos los medios a su alcance, no servían para nada, no eran vinculantes o eran ridículas, logren que un 27% de catalanes convocados en diversos municipios depositen su voto pronunciándose sobre que Cataluña sea un Estado libre y democrático de derecho en el seno de la Unión Europea? ¿Pantomima que casi 200.000 catalanes, en una jornada electoral en la que no ha habido campaña oficial de incentivación al voto, ni vallas publicitarias, ni banderolas, ni inserciones millonarias en diarios, ni papeletas enviadas a los domicilios, vayan a votar en un número prácticamente homologable, en la mayoría de las localidades -y en muchas de ellas, por encima- al de los que han votado en otras consultas electorales?

La estrategia de los poderes estatales cambió con respecto a la primera consulta, la celebrada en Arenys de Munt. Allí, la derecha española se desmelenó en sus adjetivos y el Gobierno Zapatero mandó intervenir a la Fiscalía, logrando el efecto contrario: un pueblo con algo más de 6.500 electores, espoleado por la intransigencia de partidos españoles y el zarandeo judicial, respondió con un 41% de participación. Lo que se esperaba que fuera una minoritaria manifestación del sentimiento autodeterminista se les acabó yendo de las manos. Aquel 13 de septiembre de 2009 se convirtió en la señal de salida del movimiento catalán por la autodeterminación.

Esta vez era más difícil, dada la dispersión geográfica de las consultas, las diferentes organizaciones de las mismas y, por qué no decirlo, las rencillas entre ellas. Aún así, con una implicación de ERC y las CUP (Candidaturas de Unidad Popular) y una prudente equidistancia de CiU -que dejaba hacer a sus bases y lanzaba de poli al alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, a decir que él votaría sí-, el resultado ha de considerarse como muy positivo y un toque de atención para los responsables del establishment español.

Se equivocan quienes piensan que este movimiento es producto de la tensión creada alrededor de la esperada sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estatuto. Ésa es una cuestión más, y ni siquiera la más importante, que se suma a la campaña anticatalana que se desató contra la aprobación del Estatut; a las críticas a la insolidaridad catalana con motivo de las negociaciones bilaterales Cataluña-Estado sobre el modelo de financiación; al bochornoso espectáculo que se produjo con motivo de la reclamación de que los llamados Papeles de Salamanca, incautados durante la Guerra Civil española, fueran devueltos a sus legítimos dueños; a las reiteradas campañas contra la lengua catalana afirmando que el castellano peligra y es perseguido en Cataluña (por cierto, nada que no digan voceros del PP y del PSOE en Euskadi); a la persecución de todos los intentos de conseguir la oficialidad de las selecciones deportivas catalanas, entre otros.

Apenas una semana después de las consultas del 13 de diciembre, El Periódico de Catalunya, medio que no oculta su orientación prosocialista, publicaba una macroencuesta cuyo titular más relevante era el empate técnico que se da ahora mismo en Cataluña entre los partidarios y los detractores de la independencia: un 39% se manifiesta a favor de romper con España, por un 40,6% en contra. Un empate técnico impensable solamente hace un par de años, por poner un referente temporal. Pero lo que es realmente relevante, además de ese sorprendente -y suponemos que inquietante, para algunos- empate técnico, es la creciente diferencia entre la opinión pública catalana y la del resto del Estado, y singularmente la que se siente nacionalmente española. Así, a pesar de la inmigración, un 53% de los encuestados en Cataluña creen que Cataluña es una nación. La misma pregunta, fuera de Cataluña, obtiene la opinión contraria de nada menos que el 80% de los encuestados. Por fuerzas políticas, el asunto no tiene color. O lo tiene todo, según se mire. Son partidarios de la secesión con respecto a España un 97,5% de los votantes de ERC, un 56,9% de los votantes de CiU, un 36,4% de los votantes de Iniciativa, el 30% de los socialistas del PSC y hasta el 9,8% de los votantes del PP.

Así las cosas, tras las consultas del 13-D y los resultados demoscópicos, ya no se sostiene que el avance del soberanismo en Cataluña sea algo así como la expresión de la expansión emocional del nacionalismo catalán. Cada día que pasa es más patente que Cataluña, su gente, se siente incómoda en una España que no respeta su condición nacional y que la trata como un inquilino indeseable por el solo hecho de aspirar a vivir con la mínima dignidad en su propia casa y al que considera insolidario, cuando la realidad es que paga religiosamente no solamente su cuota de comunidad de vecinos sino también parte de la de los demás.

La continuada y ahora redoblada imposición del nacionalismo español identitario y excluyente -como estamos viendo, como nunca, en Euskadi-, ha producido una reacción sin precedentes en Cataluña. Y si España sigue tratando a Cataluña con la misma arrogancia que hasta ahora, el divorcio catalán estará servido.