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por José Manuel Bujanda Arizmendi - Sábado, 16 de Enero de 2010 - Actualizado a las 10:18h
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es cierto que el texto del nuevo Estatut no es el aprobado por el 90% del Parlament de Catalunya el 30 de septiembre de 2005. Pero tan cierto como ello también es evidente que el texto actual es razonablemente más satisfactorio que el anterior y ello a pesar de los cepillados, y es evidente también que supone un sustancioso avance: mejora la financiación, amplía las competencias, equipara las lenguas catalana y castellana, crea un consejo de justicia de Catalunya, es fruto de un consenso muy amplio y es políticamente practicable y viable.
La Generalitat ostentará de forma íntegra las potestades legislativas, reglamentarias y función ejecutiva, y gestionará una importante cantidad de impuestos e instrumentos recaudatorios. Se habla de "nación", se dan avances en toda la simbología nacional de Catalunya. En definitiva, es innegable que el nuevo Estatut es un avance, garantiza mejor que antes nuevos y necesarios instrumentos para un marco autonómico que ha dado muy buenos resultados para la sociedad catalana, pero que obviamente, después de 27 años, se ha quedado muy estrecho, sobre todo en todo lo referente a la financiación de la Generalitat. Y ahora que el nuevo Estatut es ya Ley Orgánica, y por ende de obligado cumplimiento, el Tribunal Constitucional (TC) va a decidir sobre él. Es decir, va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia en España. O dicho de otra manera, el Constitucional va a decidir sobre el más importante legado que los ciudadanos y ciudadanas que vivieron y protagonizaron el cambio del sistema político a la democracia arrancaron al régimen anterior, ni más ni menos que las normas de juego establecidas entre Euskadi, Catalunya y Galicia y el propio Estado.
A pesar del jacobino socialista Alfonso Guerra y su "cepillado" del entonces proyecto de Estatut en su tramitación en el Congreso de Diputados de Madrid (a pesar de la promesa pública de Zapatero a Pascuall Maragall en Barcelona en su calidad de president de la Generalitat, de apoyar en Madrid lo que el Parlament decidiera sobre el Estatut, y luego olímpicamente incumplida y desmentida), "cepillado" por cierto que rebajó muy significativamente algunos de los contenidos más ideologizados del Estatut y siempre con el supuesto objetivo de lograr su aprobación correspondiente en el Senado; pues bien, a pesar de dicho recorte y del "cepillado" anunciado y ejecutado de algunos de los artículos del Estatut de Catalunya, muchos artículos continuaban siendo inasumibles para el PP. España se rompía.
Es así que el PP, el 31 de julio de 2006, recurrió muchos de sus artículos ante el Constitucional, preludio preocupante de algo que nadie sabe cómo va a acabar. La definición de Catalunya como nación (preámbulo), lo relacionado con la lengua (art. 6), sus símbolos (art. 8), los derechos históricos (art. 5), el poder judicial (art. 97), las competencias legislativas (art.110) y su relación bilateral con el Estado (art. 3) centraban las cuestiones más insoportables para el PP. A partir de ese momento, el mencionado TC es lo más parecido a una olla de presión, ya que se enfrenta a lo que puede considerarse la decisión más importante y trascendente de su trayectoria desde la llamada Transición. Un TC, por cierto, sometido a los vaivenes, tira y aflojas, tácticas, estrategias y manoseos cainitas entre el PSOE y el PP. Es decir, nos encontramos ante un TC y una Justicia tristemente politizadas y sujetas a los partidismos y cálculos electorales de los dos grandes partidos estatales.
El dilema es avance o retroceso, aceptación de la madurez democrática de un Estado plural o su bloqueo
Ojalá que por estos lares vascos también unos y otros hayamos aprendido algo de todo esto
El TC se encuentra ante una decisión que va más allá, mucho más allá, de la simple relación entre Catalunya y el Estado, ya que lo que se falle incidirá de forma directa e inapelable en el futuro desarrollo del modelo autonómico de España. Mal asunto y pinta feo, pues más de 40 cuestiones están bajo sospecha de inconstitucionalidad. Pinta feo y mal, un Estado descentralizado únicamente puede construirse con pactos negociados de buena fe. ¿O es que resulta que el nacionalismo español, ése que no existe (je,je,je), dicho de otra manera, la caverna mediática radical españolista, intenta "recuperar" ahora lo que, entiende, antes "perdió"?
Es bueno recordar. Hay que recordar que el 30 de septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya aprobó el nuevo Estatut con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV, recabando el apoyo de más del 90% de la representación de la ciudadanía catalana en su Cámara. Hay que recordar también que, siguiendo los trámites de las reglas de juego constitucionales, el 30 de marzo de 2006 el Pleno del Congreso dio luz verde al texto estatutario; que lo mismo ocurrió en el Senado el 10 de mayo de ese mismo año, dando fin de esta manera a su trámite parlamentario. Es más, sería conveniente recordar también que tres semanas más tarde, el 18 de junio, los catalanes dieron el visto bueno en referéndum al nuevo Estatut con un casi el 74% de los votos que acudieron a las urnas. Recordar, por último, que a pesar de esta estricta cronología democrática y constitucional de expresión de la voluntad de los catalanes, el PP se opuso desde los mismos comienzos, se desmarcó en todo el trámite parlamentario, votó en contra en el referéndum convocado y culminó su inmensa torpeza presentando recurso al TC. Un PP que vuelve a soñar con cirugías de hierro cercenadores de la complejidad existente en el Estado. Yo pienso que el TC puede decidir si es constitucional o no algún artículo de una determinada ley estatal o autonómica, pero no creo que pueda ni deba decidir sobre una norma que supone de hecho la plasmación del pacto entre Catalunya y España.
El dilema es avance o retroceso, aceptación de la madurez democrática de un Estado plural o su bloqueo. No está en juego uno u otro artículo, sino la propia dinámica y espíritu de 1977 que hizo posible la Transición. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los posteriores treinta y pico años de la historia después de la muerte del dictador y su paso a la Transición y a la democracia. Espero que no estemos ante una maniobra jacobina para transformar la sentencia del Estatut en un auténtico cerrojazo institucional; espero que no estemos ante un enroque político contrario a la máxima del espíritu constitucional, allá hace más de 30 años, que prometía un futuro abierto e integrador tanto para el Estado como para los nacionalismos periféricos que reclamaban para sus naciones respectivas el reconocimiento de su existencia, su identidad y su autogobierno.
Y una última cuestión: ¿procede en democracia que el Constitucional enmiende la plana a toda una Ley Orgánica ya en vigor, aprobada en un 90% por un Parlamento autonómico, ratificada en el Congreso de los Diputados y en el Senado y reforzada con el plebiscito de todo un referéndum? Sabiduría y visión de futuro para la sociedad catalana, que el pueblo de Catalunya alcance mayores cotas de autogobierno y de bienestar, a pesar de los graciosos cepilladores y de los que anteponen lo óptimo a lo bueno y a lo posible, a pesar de los jacobinos y a pesar de los que se confunden al interpretar las claves de la política en parámetros equivocados y sin salida del "el todo o la nada".
Ojalá que por estos lares vascos también unos y otros hayamos aprendido algo. Suerte a Catalunya y manos a la obra en una Euskadi donde el "no imponer y no impedir" y el "derecho a decidir y la obligación de pactar "están destinados a poner a prueba a la clase política. Una última reflexión. Catalunya y Euskadi son diferentes en sus historias, debes y haberes, logros y necesidades, aciertos y errores, pero tienen un común objetivo, son nación y quieren ejercer ante la historia como tal.
Y por cierto...¿dónde se encuentran todos aquellos que nos predicaban a los vascos hasta la misma saciedad, largo y muy tendido, el ejemplo político-metodológico "razonable" de prudencia, mesura y bien hacer de la clase política catalana? ¿Dónde están y qué dicen ahora los que nos propugnaban a los torpes y obcecados nacionalistas vascos el modelo seny catalán argumentando que el llamado Plan Ibarretxe no concitaba, con su 51%, la adhesión "suficiente", y cuál es hoy su argumentación para oponerse a todo un 90% del Parlament de Catalunya, al acuerdo del Congreso, al del Senado y al voto favorable de un referéndum siguiendo las reglas constitucionales? ¿Dónde están...y qué dicen? ¿Y ahora? ¿Alguien se extraña de referémdums locales? Pactos y reglas de juego obligan a todos! Pues eso, que... ¡Visca Catalunya Lliure! Salut.
Gracias por su comentario
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