El gasto social sostenible (I)

eL diputado general de Bizkaia ha iniciado públicamente una reflexión sobre la sostenibilidad del gasto social. El dato de partida es que el 48% (675 millones de euros) del presupuesto de la Diputación vizcaina se destina al Departamento de Acción Social, y que este presupuesto ha crecido el 212% desde 2003, mientras los ingresos solamente lo han hecho en un 39%. Para toda la CAV el desequilibrio es similar con una cifra de gasto social hoy de 1.079 millones, que equivale a 1.000 euros por trabajador, frente a unas inversiones del Gobierno Vasco para el año actual de 1.220 millones. Esta situación, se debe a dos factores: a la demanda social de que se atiendan cada día más necesidades personales, y al aumento del número de solicitantes de las ayudas.

En cuanto a la atención de necesidades, el aumento se ha producido por la mejora de las ayudas a las personas mayores, mejor atención a las personas con discapacidad y, sobre todo, por la lucha contra la exclusión social. En plena expansión económica, del año 2000 a 2005 los perceptores de Renta Básica en la CAV pasaron de 16.550 a 31.654 y hoy son 55.770, junto a los 38.000 que cobran ayudas para el alquiler de vivienda.

La gestión social de las necesidades, como sucede en una familia numerosa, consiste en encontrar un equilibrio entre lo que cada uno desea, las posibilidades presupuestarias familiares y una justicia distributiva respecto a la igualdad de oportunidades y al esfuerzo que se exige de cada uno. Nunca se puede resolver desincentivando el trabajo, ni marginando a los que han trabajado toda la vida o a sus viudas. Respecto a esta siempre complicada distribución, dice el diputado general vizcaino que "en la CAV se han venido aprobando una serie de medidas legislativas (Ley Vasca de Servicios Sociales y Ley de Dependencia entre otras) que han generado una serie de derechos ciudadanos que tienen un coste para las administraciones públicas, pero que quienes las aprobaron no se pararon a pensar en cómo las iban a financiar y que quien paga los servicios no fue tenido en cuenta". Este aspecto es muy grave y remite al problema de la representatividad de los legisladores en relación con los contribuyentes. Los políticos tienen la obligación de actuar con honestidad desde el respeto al sistema por el que los ciudadanos les delegan la representación a través de diferentes parlamentos e instituciones, ateniéndose a las competencias de cada instancia y aclarando a sus electores el coste que va a derivarse para los contribuyentes de cada decisión que adoptan. Además, deberán ser más conscientes de que determinadas alianzas aritméticas y sus sorprendentes coaliciones poselectorales distorsionan profundamente el peso relativo de las políticas económicas preferidas y votadas por los ciudadanos. Las listas cerradas y el voto parlamentario en bloque partidista, añadido a las interferencias y al solapamiento de las competencias, están generando sobrecargas de todo tipo y monstruosas malformaciones.

En segundo lugar, en cuanto al número de solicitantes, no es posible dejar de señalar que el aumento en cinco años en la CAV desde 75.000 hasta 135.000 inmigrantes (+80%) es producto de una política española irresponsable, en perjuicio de los mismos inmigrantes. Es irresponsable porque ha sido improvisada y desordenada, sin adecuar tan acelerado flujo de inmigración a las necesidades y posibilidades de empleo en número y cualificación. Y es contraproducente para los propios inmigrantes porque no se puede conseguir una integración sociolaboral sin una estructura de intermediación y otra educativa de apoyo, que ni siquiera están todavía bien diseñadas.

Para hacer sostenible un gasto público socialmente justo en una sociedad con real igualdad de oportunidades, hay que empezar por afrontar el debate en toda su complejidad, no eludiendo plantear la corrección de las causas de los actuales desequilibrios.