La consumación de un atropello

POR supuesto, eso no va a ocurrir. Pero hoy, el día en que los cinco directivos del clausurado Egunkaria van a comenzar a sufrir su pena de banquillo, debería ser el día en que los responsables de su detención y del cierre del único diario en euskera hicieran pública su autocrítica por haber creado las condiciones propicias para que ese atropello se produjese. La aparatosa operación policial que el 20 de febrero de 2003 culminó con el cierre del diario y la detención de sus directivos fue consecuencia de aquella atmósfera irrespirable creada por el Gobierno de la mayoría absoluta del PP, socializada por Mayor Oreja, difundida por los grandes medios de comunicación españoles y ejecutada por la Audiencia Nacional bajo la evidente falacia de que "todo es ETA". A esa atmósfera se sumó con entusiasmo un PSOE acomplejado y sumiso que firmó la infamia del Pacto Antiterrorista. Siete años después, cerrado para siempre Egunkaria, presuntamente torturados sus directivos, encarcelados durante un tiempo, bloqueadas sus cuentas bancarias, denigrada su imagen pública, sometidas a control sus actividades profesionales, siete interminables y azarosos años después, el fiscal pide el archivo de la causa al no encontrar "indicios suficientes" de delito en su comportamiento. No obstante, el empecinamiento de dos organizaciones de derecha extrema, Dignidad y Justicia y la AVT, constituidas en acusación particular, ha mantenido activo el engranaje puesto en marcha por el juez Juan del Olmo hace siete años y hoy sacarán pecho al ver en el banquillo a Joan Mari Torrealdai, Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Iñaki Uria y Txema Auzmendi, ciudadanos de reconocida solvencia y dignidad a quienes el supuesto Estado de Derecho no ha reconocido la más mínima garantía de inocencia y ha permitido que hoy se les juzgue bajo la desorbitada acusación de pertenencia a ETA en grado de dirigentes. El Estado de Derecho español está sometido a los impulsos políticos, y los órganos superiores de Justicia a los intereses partidistas. Por ello, siempre habrá que relativizar el respeto exigido a las decisiones judiciales y más en este caso en el que la injusticia es flagrante. Quienes se sientan hoy en el banquillo, al menos, saben que cuentan con la solidaridad de la inmensa mayoría de la sociedad vasca y de este grupo editorial.