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La nueva Ley del Aborto, aprobada con el consenso de siete formaciones y el papel clave del PNV que incorpora matices sustanciales en lo referido a la edad, es un avance en el ejercicio de la libre elección de las mujeres
Viernes, 11 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 07:40h
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siete formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados llegaron ayer in extremis a un consenso en uno de los temas más espinosos a los que se tiene que enfrentar cualquier partido como es el aborto. Se trataba de ampliar el contenido de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que fue aprobada en 1985, y en cuyo desarrollo se han ido detectando muchas aplicaciones irregulares. Verdaderos coladeros que desvirtuaban el objetivo de la ley, como es el hecho de que el argumento que de forma mayoritaria se esgrimía para realizar un aborto tenía que ver con la inestabilidad emocional de las mujeres, los supuestos efectos sicológicos en caso de prolongar el embarazo. Y eso cuando existía la garantía de que las mujeres pudieran ejercer el derecho a abortar, ya que a lo largo de todo este tiempo ha pervivido una gran anormalidad, como es el caso de Navarra, donde ninguna mujer ha podido interrumpir su embarazo a pesar de estar en los supuestos que contempla la Ley, y ha sido el propio Gobierno foral, en el colmo de la hipocresía, quien ha financiado esta necesidad, eso sí, fuera de su territorio. El dictamen aprobado ayer trata de adecuarse a la realidad ampliando los supuestos y dando a las mujeres la opción de elegir. Con esta nueva regulación no se cumplen todas las expectativas de las organizaciones feministas, que incluso han planteado la inseguridad jurídica de los nuevos enunciados. Pero no hay duda de que se trata de un avance en cuanto a que ofrece a las mujeres la opción de optar libremente, sin tener que plantear alegaciones; limita considerablemente la capacidad de la objeción de conciencia para que el derecho a interrumpir el embarazo quede garantizado, y plantea matices a la posibilidad de que menores de edad puedan abortar sin la autorización de los padres, abriendo la posibilidad de que pueda ser así en caso de que existan amenazas, coacciones o presiones sobre la joven, una matización que se ha incorporado de la mano del PNV, que ha sido un grupo clave para que esta nueva Ley se haya podido aprobar. El PP, esgrimiendo el mismo argumento cada vez que está en contra de una iniciativa, ya ha tachado esta ley de "inconstitucional" mientras la jerarquía de la Iglesia católica espera su momento para volver a ejercer de lobby ante las instituciones que legitiman la voluntad ciudadana.
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