El Parlamento pide que se analice por qué el 90% de los abortos se hace por la red privada

Donostia. El Parlamento Vasco instó ayer al Departamento de Sanidad a que presente, en el plazo de seis meses, un informe sobre las causas por las que nueve de cada diez mujeres que abortan en Gipuzkoa y Bizkaia lo hagan en la red privada. Según recordó el parlamentario de EB Mikel Arana, proponente de la iniciativa, "la mitad" de las demandantes de la CAV acude a un centro público a informarse sobre la interrupción voluntaria de su embarazo, pero sólo una mínima parte acaba siendo intervenida en él, lo que supone una "infrautilización" de la red de Osakidetza. El texto, transaccionado por esa misma formación y por el PSE-EE, contó con el apoyo del PNV y fue rechazado por el PP.

De acuerdo con los datos aportados por la socialista Teresa Laespada durante el debate que precedió a la votación, de los 1.029 abortos que se practicaron en Gipuzkoa en 2008 únicamente 79 (un 7,6%) se llevaron a cabo en la sanidad pública. Y en Bizkaia la situación no fue muy distinta. Al contrario, el porcentaje fue incluso superior, con apenas 78 casos (un 4,3%) de un total de 1.805. Sólo Álava, que acogió en la red pública todos los abortos (apenas 32) que se practicaron, se sale de esa situación general.

Además de pedir que se investiguen los motivos de esa diferencia entre unos centros y otros, el texto emplaza a la Consejería de Sanidad a analizar los problemas económicos o culturales que tienen algunas mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Todo ello, en vísperas de la previsible aprobación de la reforma que cambiará la Ley del Aborto y que, entre otras cosas, impedirá tener que acogerse a ningún supuesto para decidir abortar en las primeras doce semanas de gestación.

Malformación en un 95% Según precisó Laespada, el 95% de las interrupciones practicadas por Osakidetza el año pasado se debieron a una malformación del feto, precisamente uno de los tres supuestos recogidos en la actualidad (los otros dos casos son aquellos en los que la madre ha sido víctima de una violación o sufre algún riesgo físico o psicológico como consecuencia del embarazo).

La parlamentaria socialista coincidió en la importancia de un informe que analice las causas de la desproporción entre unas y otras clínicas y confió en que el aborto deje de ser algo "oculto y vergonzante". Lo hizo en el transcurso del citado debate, en el que Mikel Arana reclamó, además, personal y recursos suficientes para impulsar el protagonismo de los centros de planificación familiar. Según indicó, por otro lado, en la actualidad existen siete centros públicos y otros siete privados acreditados para realizar abortos en la CAV.

Por parte del PNV, Bakartxo Tejería opinó que la reforma de la ley hará que la situación varíe, "porque la red sanitaria pública tendrá que garantizar que se practique allí el aborto y los datos cambiarán bastante". Y, desde el PP, Laura Garrido mostró su preocupación por el incremento del número de abortos en el Estado y defendió su enmienda a la totalidad, en la que se reclamaba un informe sobre las causas de los abortos en Euskadi y la tipología de las mujeres que los solicitan.

El día a día La realidad que se planteó en el Parlamento, no obstante, dista mucho de la opinión que tienen algunos de los especialistas que trabajan día a día en este área. Al menos, en lo que respecta al porcentaje de las personas que acuden a informarse a un centro público. Según Luis Elberdin, director de la Clínica Askabide (uno de los dos centros privados que practica abortos en Gipuzkoa), la proporción de las mujeres que van a uno u otro lugar es muy diferente desde un principio. "Dudo mucho de que la mitad de las mujeres vaya al centro público porque, tras 25 años -los transcurridos desde la aprobación de la ley-, la gente se sabe ya el camino. Si en la pública no se hacen casi abortos (según datos del Ministerio de Sanidad, el 98% de los abortos del Estado se practican en el ámbito privado), el 50% de la demanda no se canaliza a través de la red pública. En la gran mayoría de las ocasiones la gente no viene derivada de un centro público; viene directamente aquí", comenta.

Eso sí, Elberdin coincide en que casi todas las interrupciones realizadas a través de la red pública tienen que ver con una malformación en el feto. Según dice, los médicos de la red pública suelen acogerse a la objeción de conciencia en los casos en los que se argumenta un riesgo psicológico para la madre (la gran mayoría), pero "no pueden mirar a otro lado" en los otros dos supuestos. Eso sí, dice, éstos representan una mínima parte del total.

En opinión del director de Askabide, no es que la Ley el Aborto se haya quedado obsoleta, sino que "nació obsoleta". En ese sentido, cree que la reforma que se pretende aprobar será "un enorme paso hacia adelante".