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disposición a cambiar la Ley del funcionario

PSE, PP y PNV unen sus votos para pedir cupos de víctimas en las OPE

El Gobierno central muestra a Lakua su disposición a cambiar la Ley del funcionario

Jeltzales, Ezker Batua y Aralar afean a socialistas y "populares" no haber contado con la Dirección de Víctimas

Txus Díez - Jueves, 19 de Noviembre de 2009 - Actualizado a las 07:44h

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Mª Mar Blanco entre Ramón Gómez Ugalde y Carlos Urquijo.

Mª Mar Blanco entre Ramón Gómez Ugalde y Carlos Urquijo. (Foto: J. R. Gómez)

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Vitoria. Faltó poco para que la iniciativa saliera adelante con una exigua mayoría, pero al final la predisposición a la unidad que generan las víctimas del terrorismo logró salvar con un respaldo mayoritario la idea de PP y PSE de reservas plazas en las oposiciones a los damnificados por ETA. El PNV apoyo la enmienda transaccional presentada por socialistas y populares, aunque sin ahorrar críticas a sus promotores, que llevaron la propuesta al Parlamento "sin contar con el apoyo de su Gobierno".

Se refería así el jeltzale Íñigo Iturrate a los reparos planteados a la propuesta por la Dirección de Víctimas, cuyo asesor adjunto, Txema Urkijo, consideró necesario un estudio previo de la demanda que generaría una medida de este tipo y llamó a los parlamentarios a actuar "con sensatez".

Urkijo aseguró que modificar una norma tan relevante como el Estatuto Básico del Empleado Público sin saber a cuánta gente puede beneficiar no es lo más apropiado, aunque al parecer ese ya no será un escollo insalvable. "Se nos informa de que hay voluntad por parte del Gobierno de España para hacer las modificaciones legales oportunas", afirmó la parlamentaria del PSE Joana Madrigal, quien defendió actuar "con prudencia" y acometer "un estudio sosegado y tranquilo" de los efectos de la medida. Efectivamente, la moción aprobada toda la legislatura al Congreso para analizar la mejor manera de abordar las reformas pertinentes. Madrigal se refería, por ejemplo, al riesgo que existe de que colectivos como las víctimas de violencia de género, que también han solicitado este tipo de cupos, se sientan discriminadas.

Por su parte, el popular Carlos Urquijo se mostró abierto a consultar con la Dirección de Víctimas la posibilidades para aplicar la medida, "si se han molestado", y recordó que lo que se pretende "es hacer efectiva la previsión del artículo 23 de la Ley de reconocimiento de víctimas de 2008 en cuanto a la discriminación positiva de acceso al empleo público". Urquijo se defendía así de las acusaciones de apropiarse de los consensos de toda la Cámara por parte de Aralar y de Ezker Batua.

La portavoz de Aralar Aintzane Ezenarro pidió una medida similar para las víctimas de la violencia de género, lamentó que no se hayan estudiado "las necesidades" del colectivo al que se defiende y recordó el posicionamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas. "Han querido correr para traer esto antes que nadie", afirmó. Desde EB, Mikel Arana tachó la medida de "paternalista" y criticó que no se haya consensuado con la Dirección de Víctimas. El parlamentario de EA Jesús María Larrazabal, que no pudo asistir a la comisión, pidió el mismo trato para las víctimas "de la violencia de Estado".

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