"Es inadmisible la pérdida y el deterioro que ha sufrido la ética pública en los últimos años"

Vitoria. Carlos Jiménez Villarejo entró en la Fiscalía en 1962 y acabó su andadura hace apenas seis años, tras la jubilación voluntaria a la que se acogió ante la imposición del anterior Gobierno central. Precisamente, el antiguo jefe de la Fiscalía Anticorrupción es uno de los encargados de dar hoy el pistoletazo de salida al XVII Congreso de Estudios Vascos, que comienza en Vitoria y que en esta ocasión, se centrará en la innovación para el progreso social sostenible.

Viene a Vitoria para realizar su ponencia relacionada con el ámbito de la Justicia, ¿qué va a aportar Carlos Jiménez Villarejo a este XVII Congreso de Estudios Vascos que se celebra desde hoy en Vitoria?

En este congreso, lo que quiero es aportar mi visión personal de la Justicia desde el punto de vista de la igualdad, de las inseguridades del sistema democrático y de cómo superar las deficiencias que existen en la sociedad actual. Por eso, hablo de igualdad, porque la economía de mercado que usa el Gobierno, tiene que convivir, a su vez, con los derechos económicos y culturales que tienen los ciudadanos.

¿Cuales son esos derechos?

El derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la asistencia social, especialmente, a la tercera edad y a los inmigrantes, que son, sin duda, el colectivo más afectado en la actualidad.

Usted aceptó en el año 2003 la jubilación voluntaria, ¿por qué llegó a asumirlo en aquel momento?

Ocurrió por las diferencias de criterio existentes entre mi posición y la del Gobierno de aquel entonces. Pero, sobre todo, fue en base a una decisión gubernamental. No tuve más remedio, porque estaba subordinado a quien estaba en el poder en aquel momento: el PP.

¿Cómo recuerda aquellos días en los que fue cesado por el Ejecutivo "popular"?

Este tema venía de años atrás, pero sobre todo creo que se llegó a esta situación por dos factores, aunque hubo más. Por un lado, por la negativa que dio el fiscal general del Estado a que la Fiscalía comenzara acciones penales contra el entonces presidente de Tabacalera, César Alierta. Aunque sí es cierto que al final, por acción popular, aquella iniciativa prosperó. Y por otro lado, lo que supuso la llegada al poder del PP tras la pérdida del PSOE.

Usted fue uno de los impulsores de medidas contra la violencia doméstica. ¿Considera que aún queda mucho por hacer?

Con el tiempo, se han ido aprobando medidas como la Ley de Protección Integral. Pero aún así, hay que aprobar decisiones o medidas que garanticen la tutela de la integridad de la mujer. Hay que crear más recursos para aumentar la distancia y evitar la comunicación que se pueda dar de nuevo entre la víctima y agresor. Aunque en el fondo de toda esta historia, está la cultura de nuestra sociedad.

¿Por qué?

Porque los varones se creen, no más fuertes que las mujeres, sino capaces de disponer lo que quieran y eso supone que pueden llegar a la agresión, muchas veces mortal. Aún así, creo que se están haciendo grandes progresos respecto a esta materia.

Habla de medidas, usted, ¿cuáles plantearía?

Todas las medidas cautelares son necesarias, pero el problema está en la cantidad de agresiones que existen y de las que no hay denuncia de por medio. En ese sentido, existe un maltrato soterrado y oculto que nunca llega a ser denunciado.

Como fiscal anticorrupción que fue, ¿cómo ve, a día de hoy y desde una posición externa, el mundo de la política?

No puedo ver este tema desde fuera porque como ciudadano que soy procuro estar lo más cerca posible de esta realidad porque es más que evidente el incremento que se ha producido en los últimos años en materia de corrupción, especialmente, en los ayuntamientos y por gestión urbanística. Y esto ocurre por dos motivos: porque no está regulada y no está funcionando correctamente. Por eso se están dando tantos abusos urbanísticos y el Gobierno no hace nada.

¿Cómo definiría el papel del Ejecutivo en este terreno?

Después de que salen a la luz tantos abusos en el sector urbanístico, el Gobierno español no se da por aludido, sólo actúa cuando le entran las prisas. Hace falta llegar a un umbral máximo, para que el Gobierno se ponga en marcha y reaccione.

¿Se tiende a mirar hacia otro lado y obviar el tema de la corrupción en la sociedad actual?

Se mira mucho para otro lado y lo importante es que hay que ser más exigentes. La ausencia de una norma que regule este tema lo que hace es provocar una laxitud y eso no es posible. El dinero lo corroe todo y, por eso, los ciudadanos de este país tienen una sensación continua de decepción.

¿Por qué están saliendo a la luz pública en los últimos años tantos delitos de corrupción?

Porque hay más corrupción ahora que años atrás y, sobre todo, porque se está produciendo un mayor abuso por parte del sector de la construcción, área que está hecha a la medida. Ahora hay una reacción constitucional más fuerte. Ahí está, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción. Pero es inadmisible el deterioro y la pérdida que ha sufrido en los últimos años la ética pública de este país.

En estos últimos días, ha saltado la noticia de que usted acaba de proponer tipificar el delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos...

Es necesario que el régimen de compatibilidades sea riguroso y que se establezca un control sobre los bienes de los funcionarios y su evolución después, indistintamente de que sea el presidente del Gobierno o un concejal.

¿Considera la legislación actual la adecuada?

El problema es que la legislación actual es muy tolerante, pero se tiene que castigar a todo aquel funcionario que lo justifique, porque hay quien entra con 100 y sale con 1.000. Cuando un sueldo no está injustificado hay que preguntarse el porqué. Si son representantes elegidos por el pueblo, no pueden tener más ingresos de lo permitido. No basta con un reproche moral, hay que investigar hasta el fondo el porqué y el cómo de ese enriquecimiento.