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España cifra en más de 250 los funcionarios implicados en casos de tortura
efe - Sábado, 14 de Noviembre de 2009 - Actualizado a las 05:41h.
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ginebra. La detención incomunicada que se practica en España es una de las cuestiones que más preocupan al Comité de la ONU contra la tortura, que el jueves y el viernes escuchó las explicaciones de la delegación española sobre las medidas adoptadas en el Estado para evitar la tortura y los malos tratos sobre las personas detenidas.
Varios expertos del Comité consideraron que la práctica de la detención incomunicada es incompatible con la prevención de la tortura. Sin embargo, España sigue defendiendo esta medida bajo el argumento de que está protegida por garantías y de que los detenidos están bajo el control permanente y directo del juez.
Estos argumentos fueron defendidos por Javier Garrigues, embajador ante la ONU en Ginebra, que encabezaba una delegación con funcionarios adscritos a los ministerios de Justicia, Interior y Exteriores, Igualdad y la Secretaría de Estado de la Inmigración.
clima de impunidad Durante la sesión, varios de los expertos de la ONU consideraron insuficiente como garantía las grabaciones de vídeo que se realizan en las comisarías españolas. Las explicaciones de la delegación estatal no despejaron las dudas que aún persisten en los organismos internacionales por lo que ocurre en los calabozos de las comisarías y cárceles españolas. En este sentido, el relator del Comité para el examen del informe sobre España, Claudio Grossman, afirmó que se quedaba preocupado por las "insuficiencias que persisten en cuanto al acceso a exámenes médicos para las personas en detención incomunicada", mientras que Abdulaye Gaye, también relator de la ONU, expresó su preocupación por el número de fallecimientos registrados en prisión, 768 entre 2003 y 2008, periodo que cubre el informe. A su juicio, esas cifras pueden traducir un cierto clima de impunidad.
Ante estas dudas, la delegación española se defendió asegurando que entre 2002 y 2009, más de 250 agentes de policía y guardianes de prisiones han sido condenados por tortura o malos tratos, frente a los dos condenas nada más que tiene registradas el Comité de la ONU.
También se dijo que las medidas de prevención adoptadas contra el terrorismo jamás han justificado que se practique la tortura y que los médicos forenses que examinan a los detenidos incomuicados son profesionales competentes capaces de descubrir signos de malos tratos, y que si el detenido no está satisfecho con el examen puede reclamar un segundo.
Sobre la sobrepoblación carcelaria, España informó de que la apertura de nuevos centros ha permitido reducir la tasa de ocupación de las prisiones del 175 por ciento al 141 por ciento.
El Comité emitirá sus conclusiones y recomendaciones a España el próximo 20 de noviembre.

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