El protocolo tras los atentados fuerza al PSE a posicionarse con el PP o con los nacionalistas

Donostia. La vieja política de bloques, que pese a los acuerdos de estabilidad entre PNV y socialistas parece no abandonar el Parlamento Vasco en la recién estrenada legislatura, va a encontrar en el protocolo de actuación tras los atentados de ETA un punto de inflexión. El texto que Maixabel Lasa ha presentado a los partidos establece que los familiares de las víctimas sólo hablarán antes del inicio de las manifestaciones y con los medios de comunicación, un punto llamado a evitar polémicas como la desatada tras el asesinato del inspector Eduardo Puelles que difícilmente conseguirá su objetivo.

El PSE tiene la llave de la decisión última en torno a una estandarización del comportamiento institucional ante un asesinato de ETA que cada cual entiende a su manera. El PP, que en el Pleno en el que se conoció la existencia de este movimiento por parte de la Oficina de Atención a las Víctimas no mostró un excesivo entusiasmo ante la elaboración del protocolo, aboga por dar libertad a las víctimas para que actúen como consideren necesario. "Que hablen antes o después, no necesariamente antes. Si quieren agradecer su presencia a la gente que lo hagan, y si no quieren decir nada perfecto", apuntan fuentes populares.

UPyD fue la fuerza que destapó la existencia de esta condición planteada por el equipo de Lasa, precisamente para censurar lo que ellos entienden como un intento de sublimar la unidad de los partidos a costa de "limitar" la voz de quienes acaban de perder a un ser querido. El portavoz parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, incide de hecho habitualmente en lo que a su juicio es un error de planteamiento por parte de los grupos vascos, la búsqueda del consenso por el consenso. "Supeditar todo a la unión no tiene sentido, las víctimas deben hablar antes, después y cuando quieran", señalan desde la formación de Rosa Díez.

Frente a la postura de PP y UPyD, las fuerzas nacionalistas también ven con recelo el borrador de la Oficina de Víctimas, pues consideran que la fijación de una reglas de actuación tras los atentados puede implicar la asunción de los postulados políticos del Gobierno y del Partido Popular.

Tanto el PNV como EA prefieren no pronunciarse sobre el tema hasta que tenga un mayor recorrido y concreción, pero en el debate plenario tuvieron que posicionarse, y lo hicieron de forma clara. Joseba Egibar se mostró dispuesto a negociar el texto, siempre que el debate se aleje de los focos mediáticos, pero alertó de que el protocolo no debe implicar el apoyo a la política antiterrorista del Gobierno Vasco.

Por otro lado, y aunque se guíe por la prudencia, el PNV cuestionó la gestión que el Gobierno Vasco hizo tras el asesinato de Puelles, un posicionamiento que generó airadas reacciones y que trajo a la memoria episodios pretéritos de división, como por ejemplo la respuesta de una y otra parte de la sociedad vasca tras el asesinato de Fernando Buesa. Por otro lado, el portavoz jeltzale en la Cámara reclamó "otro protocolo" de comportamiento ante "otras agresiones políticas graves".

A nadie se le escapa que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha liderado una línea política que no gusta en absoluto en Sabin Etxea. Desde la retirada de los carteles de presos en las fiestas de los pueblos hasta la apertura de investigaciones para ilegalizar a Etxerat, los movimientos del nuevo Departamento de Interior chocan de frente con el pensamiento nacionalista y van mucho más allá de lo que el PNV entiende como lucha contra ETA.

Si los jeltzales se niegan a avalar la teoría de que todo movimiento o declaración política que coincida en los fines con ETA es ilícito per se, y desearían que esta espinosa materia no entre en el protocolo, en Aralar van más allá. Uno de sus caballos de batalla de la legislatura es la lucha contra la "deslegitimación del terrorismo" que propugnan PSE y PP, y que a su juicio es un término vago cuyo verdadero fin es negar a todo abertzale la condición de demócrata.

Así pues, Aralar es quizá la formación más escéptica ante la elaboración del protocolo de actuación tras los atentados, pues en la formación independentista están seguros de que "más allá de las declaraciones de solidaridad y condena no va a haber acuerdo". El partido abertzale se niega a renunciar a su postura en favor de "un final dialogado" al terrorismo, una materia que temen pueda incluirse en el texto final, y por eso creen innecesario elaborar un protocolo de actuación. Ya lo dijo Aintzane Ezenarro en el Pleno en el que se debatió la cuestión: "Seamos realistas y no nos engañemos, no nos pondremos de acuerdo en la lectura política".

Eusko Alkartasuna, por su parte, se ha comprometido con la oficina de Maixabel Lasa a no posicionarse sobre el tema hasta que no den una respuesta a la propia directora de Atención a las Víctimas, aunque fuentes del partido indicaron que será muy difícil aprobar un texto que reúna el sentir de todos los partidos. Su portavoz parlamentario, Jesús María Larrazabal, afirmó que no era necesario establecer un documento que dicte el guión de las manifestaciones "punto por punto".

El parlamentario de Ezker Batua, Mikel Arana, fue el impulsor inicial del protocolo, una idea que recogió Lasa y que fue madurando durante el verano. Su postura con respecto al papel de las víctimas en este tipo de actos es clara. "Tienen todo el derecho del mundo a dar su mensaje, pero de manera previa, ante los medios y como víctimas", señala Arana, quien teme que "al calor de los acontecimientos" se pueda "acabar menospreciando a la mitad de las personas que están en la manifestación". Arana niega que la intención de la Oficina de Atención a las Víctimas sea "recortar su derecho a expresarse", pero no cree oportuno que se haga "delante de 40.000 personas".

Silencio En todo caso, la clave del futuro protocolo de actuación tras un asesinato de ETA la tiene el partido que sustenta al Gobierno. El plan inicial, que apuesta por limitar la intervención de los afectados al momento previo a la manifestación, parte de un organismo del propio Ejecutivo socialista, que por otra parte no ha cambiado su equipo con la entrada del PSE en Ajuria Enea.

En el Parlamento, los socialistas prefieren no pronunciarse, al menos por el momento, sobre un tema que entra en el meollo y el corazón de las dos concepciones ideológicas que separan la política vasca desde hace décadas. "Lo único que ha habido es un intento de consensuar un protocolo. Ni siquiera lo hemos debatido porque está todavía muy en los inicios", señalan fuentes del PSE, un partido que coincide con EA y PNV en que la discreción ha de ser condición sine qua non en esta espinosa materia. "Si se quiere hacer algo habrá que hacerlo con seriedad y no vocearlo por ahí, hay que ir con cierto sentido de la lealtad. Tan importante como los contenidos son las formas", afirman. En todo caso, serán los contenidos los que decidan el sentido del texto definitivo, y los 25 votos socialistas serán la clave que dirija el protocolo.