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La denuncia anónima ha funcionado un mes sin contar con desarrollo normativo
El PP critica que el servicio puesto en marcha por el departamento foral "puede ser no legal e inconstitucional"
Pepe Simancas - Viernes, 6 de Noviembre de 2009 - Actualizado a las 07:38h
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El presidente de la comisión de Hacienda, el socialista José Morcillo, junto a Pello González. (Foto: ainara garcia)
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Donostia. El diputado foral de Hacienda y Finanzas, Pello González, aseguró ayer que su departamento "ha constatado" que el servicio telefónico que puso en marcha hace un mes para posibilitar a los ciudadanos realizar denuncias de fraude fiscal "ha supuesto ya una disuasión" para posibles infractores de las obligaciones fiscales.
González hizo ayer esta afirmación durante su comparecencia en la comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde volvió a defender la polémica iniciativa, por la que cualquier persona puede denunciar a otra sin necesidad de dar a conocer su identidad, ya que tanto el número de teléfono, como la página de Internet y la dirección de correo electrónico habilitados para tal efecto permiten el anonimato.
El diputado foral reconoció que "probablemente no hallemos las bolsas grandes de fraude a través de este teléfono pero hemos constatado que la campaña iniciada ha producido ya un efecto de disuasión". En ese sentido, afirmó que "efectivamente, le gente se puede sentir vigilada".
A preguntas de los representantes de Aralar y Alternatiba, Rebeka Ubera y Ander Rodríguez, respectivamente, el responsable de la Hacienda guipuzcoana rechazó que la puesta en marcha del servicio de denuncias -denominado de participación ciudadana por el departamento- suponga dejar exclusivamente en manos de los guipuzcoanos la lucha contra el fraude. "En absoluto Hacienda va a hacer dejación de su responsabilidad en una labor que, además, debe liderar; pero si podemos contar con la colaboración ciudadana, bienvenida sea", sentenció González.
El representante foral lamentó que "tengo la percepción personal -y también lo dicen algunas encuestas- de que hay una aceptación general en la ciudadanía de que "yo también defraudaría si pudiera" porque en realidad no se asume la obligación de pagar impuestos". González quiso remarcar que "el que defrauda, no sólo lo hace a los demás sino también a sí mismo".
González facilitó las cifras referidas al servicio de denuncia durante su primer mes de funcionamiento, en el que Hacienda ha recibido un total de "90 solicitudes de información por teléfono y 81 denuncias" ciudadanas, frente a las 71 recibidas el pasado año. De ellas, 47 se han presentado a través de la página web, 30 por teléfono, una por correo electrónico y tres de manera presencial. De todas ellas, "tres ya se han archivado y 78 están pendientes de resolución", detalló.
DECRETO FORAL El servicio contra el fraude fue iniciado hace un mes sin que contara con un desarrollo normativo específico, ya que el respaldo jurídico actual abarca solamente a las denuncias públicas y no a las anónimas. La Diputación acaba de dictar un decreto foral con fecha del pasado martes en el que se establece que "la totalidad de las denuncias recibidas" en el departamento "serán trasladadas a la Subdirección General de Inspección", que realizará la primera criba. De este modo, al hablar de "totalidad de denuncias" y no hacer referencia expresa a la denominación "públicas", se entienden aceptadas las que se realicen de forma anónima. Esa diferenciación fue subrayada en la comisión de Juntas Generales por la portavoz popular, Regina Otaola, quien aseguró que "público y anónimo no es lo mismo" y dejó caer que la denuncia anónima que pueden llevar a cabo los ciudadanos en el nuevo servicio de Hacienda "puede ser no legal e incluso podría ser anticonstitucional".
El portavoz de Alkarbide, Joxean Rekondo, respondió que "es inevitable la denuncia anónima", afirmó que "sería irresponsable echar a la basura todas las denuncias anónimas" y criticó a las formaciones que están en contra de la iniciativa, a las que censuró que "están haciendo surf en una ola mediática". Aun así, el representante del partido que dirige la Hacienda guipuzcoana reconoció que "hace falta que haya una garantía de control por parte de Hacienda para que el teléfono no permita excesos".
Por su parte, Ubera afirmó que con la introducción del servicio de denuncias "se ha abierto una puerta peligrosa" y consideró que "la colaboración ciudadana se debe ceñir a que cada uno tribute lo que tenga que tributar". A su juicio, "Hacienda está dotada de suficientes herramientas para luchar contra el fraude fiscal sin necesidad de que los contribuyentes hayan de estar denunciándose los unos a los otros". En la misma línea, Rodríguez señaló que "la carga principal en la lucha contra el fraude fiscal ha de recaer en el departamento de Hacienda y no en los ciudadanos".
El juntero socialista Mikel Arrizabalaga, por su lado, dijo ver de manera "positiva la participación ciudadana en la lucha contra el fraude", si bien matizó que "otra cosa es el asunto del teléfono". El representante del PSE añadió que "ha sido un error iniciar el servicio sin un desarrollo normativo del asunto".
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