El Consejo de la Abogacía pide la nulidad del caso "Gürtel" por "escuchas ilegales"

madrid. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que la grabación de las conversaciones privadas que mantuvieron en prisión el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa y su actual abogado, José Antonio Choclán, se realizó al margen de la legalidad vigente, por lo que su incorporación al sumario "debe producir la nulidad del procedimiento". El órgano que aglutina a todos los colegios de abogados españoles expresó ayer a través de un comunicado su "absoluto rechazo a la violación del secreto profesional en el marco del Caso Gürtel, después de conocer que durante la primera fase de instrucción -que realizó el juez Garzón-, se autorizó la grabación de conversaciones privadas entre presuntos implicados de la trama y sus abogados.

Este pronunciamiento coincide con el planteamiento de la defensa de Correa que el jueves anunció que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "la nulidad de las actuaciones" por las que considera "las escuchas ilegales" que se realizaron en el locutorio de la cárcel de Soto del Real.

El CGAE entiende que "es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho" que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, "no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el Derecho a la Defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales".

soporte legal Las escuchas ordenadas por Garzón se produjeron después de que el magistrado dictara un auto para autorizarlas cuando la defensa de Correa aún la llevaba Manuel Delgado Solís, presuntamente implicado en la causa, pero éste dejó su defensa a otro letrado, "pese a lo cual se realizaron sin anular el auto anterior ni emitir un nuevo auto". El CGAE entiende que la grabación de las comunicaciones ha sido realizada "fuera de la legalidad vigente, que deberían haber cesado o haberse destruido al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado y no haber incorporado en ningún caso las mismas al proceso, y que, en consecuencia, este vicio debe producir la nulidad".

En este caso, según la Abogacía, no sólo se han intervenido esas comunicaciones sin apoyo legal "sino que además se han divulgado a través de los medios de comunicación, sin que nadie haya actuado en defensa de los derechos fundamentales de las personas afectadas, causando un daño irreparable". Recuerda este órgano que "el deber de secreto profesional de los letrados tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente, que además adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado".