Interior retira a 52 ertzainas del servicio de escolta horas después de que Ares lo negara

donostia. "Este Departamento no ha iniciado ningún plan para retirar a los ertzainas que ejercen labores de escolta y sustituirlos por personal privado". Así se expresaba el consejero de Interior, Rodolfo Ares, en una carta que envió al diario Deia para salir al paso de las informaciones sobre la privatización del servicio de escoltas de la Ertzain-tza. Pese a lo tajante de sus afirmaciones, a lo largo de ese mismo día y el siguiente, 52 agentes fueron informados mediante una llamada telefónica de que quedaban relevados del servicio de escolta y que volvían a patrullar las calles, tal y como informó este periódico la semana pasada.

En tan sólo cuestión de horas, las palabras del consejero quedaron rebatidas por sus propios actos, después de calificar como "total y absolutamente falso" la existencia de "un plan para retirar los agentes de la Ertzaintza que ejercen el servicio de escoltas a personas amenazadas". Lo que sí ha cumplido Ares es su aseveración de que "es también totalmente incierto que el supuesto plan se haya visto paralizado por presiones de escoltados o de los propios agentes". Y es que el departamento que dirige ha cumplido con sus planes originales, expuestos ante los sindicatos y los mandos policiales en sendas reuniones celebradas los pasados 2 de junio y 14 de septiembre.

Al final no ha pesado en la decisión el aluvión de quejas, confirmado por varias fuentes consultadas, que este plan provocó entre cargos protegidos y los propios agentes. Un alto cargo del PP incluso llamó a Ares y le trasladó que su partido no iba a apoyar jamás una operación de esta índole.

Palabras al viento, ya que el relevo de ese medio centenar de ertzainas se hará efectivo el próximo lunes, día 12, momento en el que volverán a depender de la comisaría a la que estaban adscritos para realizar labores de seguridad ciudadana, después de una década realizando servicios de acompañamiento a personas amenazadas.

Portavoces de Interior del Gobierno Vasco reconocieron el inmediato traslado de los 52 agentes. "Es verdad", señalaron, para añadir a continuación, de forma literal, que "Interior pretende dar el mismo servicio, manteniendo la misma calidad y al mismo número de personas, pero con 52 agentes menos". Añadieron que "no se trata de una privatización, sino de una optimización de recursos". Eso sí, a través de la contratación de empresas de seguridad privadas.

privatización El traslado masivo de agentes es consecuencia de la privatización de la seguridad de miembros de la judicatura y del Gobierno Vasco que la consejería de Interior llevó a cabo el pasado mes de junio, asignando guardaespaldas de empresas privadas a magistrados, ex consejeros y viceconsejeros del actual Gobierno vasco que hasta entonces habían sido protegidos por miembros de la Policía vasca.

"Se trata de una reestructuración provocada por una privatización", señalaron ayer a este periódico fuentes del sindicato ESAN de la Ertzaintza. "No se ha privatizado más porque los guardaespaldas no dan los niveles de calidad. Muchos de ellos vienen de supermercados, así que... Les cogen, llegan aquí, les dan un título y a trabajar, no pasan por cursos no por nada", opinaban respecto a la merma en el servicio que, a su juicio, lleva aparejado el recurrir a la seguridad privada. Apostillaban que "no se privatiza más porque tienen miedo a cagarla, a que ocurra algo y entonces, ¿qué pasa? Si esta gente diera la calidad, ya estaríamos todos privatizados".

Ahora resta saber qué va a pasar con los otros 202 agentes que completan la Unidad de Acompañamiento de la Policía vasca, formada por 254 agentes y que en el pasado llegó a alcanzar los 300. Desde ESAN recordaron que "la idea era privatizar todo el servicio, como sindicato hemos mantenido varias reuniones con Ares y con mandos y así nos lo han transmitido". Preguntadas a este respecto, fuentes de Interior apuntan que "las personas que llevan protección de la Ertzaintza van a seguir llevándola".

Dichos portavoces se refirieron también a la supresión del servicio de escolta con ertzainas que se ha llevado a cabo con cargos públicos cuyos nombres permanecerán en el anonimato por cuestiones de seguridad. Así, aseguraron que "las personas a las que se retiró el servicio es porque no cumplían el perfil para llevarlo". Dicho perfil ha sido incorporado por la actual consejería de Interior tras haberlo consensuado con el Ministerio del Interior.

En la práctica, el mismo se ha traducido en que cinco destacados miembros de la judicatura vasca, a ex consejeros del Gobierno Vasco y los actuales viceconsejeros han visto sustituidos los agentes especializados de la Ertzaintza que les acompañaban por escoltas privados. Desde ESAN señalaban que "les fueron vendiendo la moto de que se trataba de empresas privadas, muy profesionales, y los que aceptaron pasaron a privados y los que no siguen con ertzainas. Ahí se inició todo".

Ya son múltiples las quejas que se han producido y las peticiones de estos protegidos a la dinámica anterior, algunos de los cuales la llevaban manteniendo durante 10 años. Desde el sindicato opinaron que "al final, los amenazados están un poco ajenos a todo y si les viene un responsable de Interior vendiéndoles una moto pueden pensar que ésa es la moto en la que se tienen que montar. Hay algunos que se montaron y otros que dijeron que no, que seguían con la que ya tenían, que esa nueva no les iba".